Las movilizaciones del 8 de marzo en San Luis Potosí dejaron una estampa compleja: por un lado, la legítima exigencia de justicia ante la violencia que enfrentan miles de mujeres; por otro, una jornada marcada por actos de vandalismo que terminaron por afectar símbolos históricos, religiosos y culturales de la ciudad. Lo ocurrido en el Centro Histórico no sólo abrió un debate sobre las formas de la protesta, sino también sobre el deterioro del orden público y la incapacidad institucional para prevenir daños al patrimonio común.
Entre los inmuebles afectados destacó el Templo de La Compañía, uno de los recintos religiosos más emblemáticos de la capital potosina. Las pintas y agresiones registradas en su atrio generaron una inmediata reacción de la Iglesia Católica, que, ante los daños recibidos, anunció que emprenderá acciones para buscar el desagravio.
La respuesta no tardó. Tras los hechos, fieles católicos participaron en una misa de desagravio celebrada en el exterior del templo. Más allá del acto litúrgico, se buscó expresar inconformidad por lo ocurrido y reivindicar el valor espiritual y cultural del lugar, sin embargo, el impacto de la manifestación no se limita a los muros del templo. Uno de los episodios más simbólicos fue el derribo de la llamada Cruz de Maltos, ubicada en las inmediaciones del sitio fundacional de la ciudad.
No se trata de una cruz cualquiera. Este monumento marca el punto exacto donde, según la tradición histórica, se pactó la pacificación de estas tierras del antiguo Tunal Grande.
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Fue ahí donde, por mediación de Fray Diego de la Magdalena, el líder huachichil Moquamalto aceptó el acuerdo que permitió establecer el primer asentamiento español conocido como el Puesto de San Luis. Con el tiempo, ese enclave se convertiría en la capital potosina. Por ello, la cruz simboliza el momento fundacional que vincula a personajes como el propio Moquamalto, también conocido tras su evangelización como Don Diego de Malto, al capitán Miguel Caldera, a Juan de Oñate y al fraile franciscano que fungió como mediador.
Es cierto que la cruz derribada no era la pieza original colocada en los primeros años de la ciudad. A lo largo de los siglos, ese símbolo ha sido robado, sustituido o vandalizado en diversas ocasiones, pero su valor no radica en la antigüedad material del objeto, sino en lo que representa; un recordatorio de los orígenes de San Luis Potosí y de la compleja historia que dio forma a esta ciudad.
Por supuesto, la indignación que motiva muchas de las manifestaciones del 8M tiene fundamentos reales. La violencia contra las mujeres es una herida abierta en México y en San Luis Potosí. Negarlo sería una irresponsabilidad, pero otra cosa muy distinta es justificar la destrucción de bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de todos.
Aquí aparece un elemento que no puede ignorarse: la ausencia de autoridad. Lo ocurrido en el Centro Histórico evidencia una preocupante incapacidad de las instituciones para garantizar el orden público y proteger espacios que, por su valor histórico, deberían contar con resguardo especial ¿Dónde estaban las autoridades cuando se registraron los daños? ¿Quién responde por la destrucción del patrimonio? ¿Habrá consecuencias legales o, como ha ocurrido tantas veces, el expediente terminará en el archivo de la impunidad? El problema no es la protesta. El problema es que el Estado ha abdicado de su responsabilidad y permite que la protesta se transforme en vandalismo sin consecuencias.
La Iglesia, por su parte, ha optado por una respuesta que combina la denuncia con el gesto simbólico del desagravio. Es una manera de reclamar respeto sin entrar en una confrontación mayor, pero el fondo del asunto rebasa lo religioso; se trata de la defensa del patrimonio y de la memoria histórica de la ciudad.
Cavilaciones
Primera: El gobernador Ricardo Gallardo trabaja, hoy, desde el municipio de Huehuetlán. Va a poner en marcha el programa «Enchulando tu comunidad» en la zona del paraje El Nacimiento, uno de los más bonitos de la región. Andan todos muy activos para recibir a los turistas que vendrán a pasar las vacaciones de Semana Santa en la Huasteca Potosina.
Segunda: Los morenistas andan bien alborotados luego de que el domingo se aprobaron las fechas para elegir precandidatos a quienes se asigna la denominación de coordinadores para violentar la ley. Según dijeron, la FGR deberá investigar a todo aquel que tenga aspiraciones para evitar que se les filtren personas con vínculos con el crimen organizado. No, pues se van a quedar sin candidatos ¡Miau!
Tercera: La presidenta Sheinbaum anunció un acuerdo con los gasolineros para no subir el precio del combustible, pero eso resulta poco menos que imposible ante el disparo de los precios del petróleo derivado de la guerra de EUA-Israel contra Irán. Así que esperen el ramalazo de un momento a otro.
