Varias semanas tenía Tomás Zavala derrumbando las construcciones del Mercado Popular del Altiplano, desalojando y despojando a comerciantes de su patrimonio que construyeron hace más de 25 años, presuntamente por que es el nuevo dueño del predio, aunque no ha presentado las pruebas suficientes para tomar posesión, así como tampoco existen permisos del Ayuntamiento para realizar ningún tipo de obra, por lo que el abogado del Municipio, Alejandro Cázares, tuvo que hacer acto de presencia para evitar que dañaran más construcciones.
De acuerdo a varias declaraciones, Tomás Zavala, quien se ostenta como amigo del gobernador Ricardo Gallardo, para amenazar a locatarios, pidió que se fueran tumbando de poco a poco los locales que se encuentran en uso, previa amenaza y a escondidas de las autoridades municipales, debido a que no tiene los permisos correspondientes y no han presentado la papelería necesaria, pues, además intenta apropiarse de un excedente del terreno.
Zavala envió a su representante legal de nombre Nubia Salinas, quien ya se encontraba actuando con la prepotencia que le caracteriza, fue en ese momento cuando llegó el licenciado Alejandro Cázares a tomar cartas en el asunto y a dar su total respaldo a las víctimas de Tomás, el abogado enfrentó a Nubia y con argumentos legales impidió que llevaran a cabo la ilegal obra.
Locatarios tienen la posesión desde hace 25 años, sin embargo, la zona de la parte trasera del predio, fue demolida sin permiso del Ayuntamiento afectando a particulares y se apropiaron de parte del terreno de forma arbitraria al no existir un juicio previo, esta acción intentaron aplicarla nuevamente para la zona norte del predio pero fue impedido por Cázares, argumentando que, debe ser un juez quien defina a quién le pertenece la propiedad tomando en cuenta el tiempo que los locatarios llevan instalados en el lugar.
El síndico municipal y personal de obras públicas se presentaron a reafirmar los argumentos de Alejandro Cázares sobre la falta de permisos y de papelería legal para tomar posesión de la construcción. La licenciada Nubia Salinas no presentó ninguna papelería autorizada por el Ayuntamiento y tampoco legal para dar certeza de la toma de posesión.
Las autoridades del Ayuntamiento instalaron sellos para impedir que se procediera con el derrumbe pero fueron violentados por trabajadores de Tomás Zavala con la intención de continuar con la demolición. La postura de Cázares fue firme y procedieron a instalar nuevos sellos de obra clausurada y a reforzar la seguridad de los locales con personal de seguridad pública municipal.
El licenciado Cázares fue claro al explicar que han sido reiteradas ocasiones en que se han colocado sellos de clausura de la obra pero estos fueron violentados para continuar los trabajos de demolición contraviniendo a una disposición jurídica que tendrá como resultado la actuación penal. Por su parte la licenciada Nubia terminó por reconocer que las medidas del terreno en cuestión no coinciden con lo que marca la escritura y esto detiene la autorización de los permisos que le compete autorizar al Ayuntamiento.
