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Congreso salva economía de matehualenses; dice no al aumento del agua

La Comisión del Agua del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la Ley de Tarifas del Agua para los precios de agua industrial, comercial y públicas, pero negó el incremento a las tarifas domésticas para el 2022, según acordaron de forma unánime los diputados en la sesión permanente.

Con el objetivo de ayudar a las familias de todo el estado, el incremento se dará únicamente en lo que respecta a las tarifas industriales, comerciales y públicas, ya que las dependencias que suministran el líquido requieren subsanar sus finanzas que están en números rojos.

En San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, Interapas es el encargo de abastecer las casas de agua, sin embargo, las deficiencias en el servicio durante muchos años han ocasionado que el organismo esté con adeudos y condiciones deplorables.

En el caso del Interapas, el aumento será del 6.95% para usuarios domésticos que no superen el consumo de 40 metros cúbicos, 70 metros cúbicos a usuarios comerciales y 120 metros cúbicos para usuarios industriales, así lo solicitó el presidente del organismo Enrique Torres en la propuesta que llevó al Legislativo durante las semanas pasadas.

Tras la recepción de propuestas de los 21 organismos operadores de agua en el estado en el mes de noviembre, el Congreso del Estado analizó y determinó efectuar el ajuste a la tarifa de agua. En este punto hay que destacar que los diputados de forma unánime rechazaron el aumento a la tarifa doméstica bajo la justificación de que la población no podría con una nueva carga en el bolsillo doméstico.

Además del ajuste a las tarifas, se autorizó el programa llamado «Cuenta nueva y borrón», el cual consiste en que los respectivos usuarios que tengan un adeudo del ejercicio 2021 o anterior puedan regularizarse en el 2022.

Cabe señalar que el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y los diputados del Partido Verde expresaron en varias ocasiones su negativa para aprobar un aumento en la tarifa del agua, argumentando que en algunas localidades, como la Zona Metropolitana, el servicio era claramente deficiente e inaceptable.