La corrupción en el Registro Público Vehicular (REPUVE) continúa siendo un tema que afecta a los potosinos. Denuncias ciudadanas han revelado cómo los propios trabajadores del registro cobran hasta cinco mil pesos a los ciudadanos que buscan regularizar su vehículo. Al ser cuestionados, los trabajadores argumentan que el titular del registro les cobra a ellos tres mil pesos por cada vehículo.
Además del cobro indebido, el tiempo de espera para ser atendido supera las dos horas. Al finalizar la espera, los solicitantes son informados de que falta algún documento en su papelería, un pretexto falso utilizado para presionar a los usuarios a pagar. Algunos potosinos, urgidos por completar sus trámites, terminan cediendo a estas exigencias.
La situación se agrava con la escasez de chips para la legalización de vehículos. Según las denuncias, el responsable del registro ha comunicado a los solicitantes que no hay disponibilidad de chips, argumentando que estos están siendo reasignados a otros estados. En estos casos, se recogen los datos personales y números telefónicos de los solicitantes, indicándoles que regresen en quince días para completar el trámite. Sin embargo, se sospecha que esta situación está siendo aprovechada por intermediarios ilegales.
Posteriormente, varios usuarios han recibido llamadas de individuos que se autodenominan «coyotes», quienes ofrecen servicios de legalización de vehículos sin necesidad de la presencia del propietario ni la presentación del automóvil. Estos intermediarios afirman proporcionar la hoja de importación y el chip requerido para el trámite, a cambio de una suma considerable de 14 mil pesos.
