12 años de prisión es la pena que la Fiscalía General del Estado ha pedido en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, detenido desde mayo del 2022, por su presunta responsabilidad en una serie de delitos entre los que destacan el supuesto ejercicio indebido de la función pública y desvío de recursos por más de 32 millones de pesos.
Fue este lunes 3 de septiembre cuando, luego de constantes postergaciones y retrasos injustificados, se llevó a cabo la audiencia de apertura del juicio en contra del exfuncionario estatal. En el acto, al Fiscalía reiteró que el delito habría sido cometido en calidad de coautoría junto a otras personas que, en igualdad de circunstancias, desempeñaban funciones específicas en la dependencia estatal, así como representantes de la empresa Public Health Supply and Equipment de México, con quien se habría simulado la compra de diversos productos que, refiere la Fiscalía, jamás se documentaron en la Secretaría de Salud.
En la audiencia, la parte acusadora presentó como testigos a Daniel Acosta Díaz de León, también exsecretario de Salud y actual coordinador del IMSS-Bienestar, así como Blanca Medina Fonseca, extitular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado. Curiosamente, ambos testigos refirieron que la transacción de la que se desprenden las acusaciones contra Luztow Steiner, no fue realizada por el imputado, sino por un superior.
La defensa del exfuncionario reiteró durante la audiencia que no existen elementos para procesar a Lutzow Steiner por los delitos que se le imputan ya que, a pesar de que se señala coautoría, no se ha presentado a otros supuestos implicados, además de que tampoco se ha documentado el rumbo que se le dio a los recursos públicos como parte del supuesto desvío por lo que apeló a las autoridades competentes para tomar en consideración ambos aspectos y confirme que no existe fundamento para el juicio.
De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, será en un plazo de 10 días cuando el juez responsable del caso emita una sentencia al respecto.
