Los habitantes de la comunidad de Peotillos, en el municipio de Villa Hidalgo, continúan exigiendo avances en la investigación sobre el presunto saqueo de agua potable en su localidad. En un principio, las protestas se dirigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero al tratarse de un delito de jurisdicción federal, el caso fue transferido a la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con los afectados, la primera agente del Ministerio Público a cargo les solicitó pruebas de la extracción ilegal de agua, incluyendo videos, tarea que fue cumplida por los vecinos. Esta acción derivó en la detención de una persona y el decomiso de una pipa y drogas. Sin embargo, el sospechoso fue liberado tras solo tres días de arresto y, según denuncian, ha reanudado sus actividades de extracción con una nueva pipa, esta vez sin placas.
Los habitantes señalan que, al revisar el caso, se dieron cuenta de que no ha habido avances significativos en la investigación, ni se han entregado las fotografías de drones que la FGR les prometió como parte del seguimiento. A pesar de las evidencias recabadas, el saqueo de agua sigue ocurriendo. Algunos habitantes, incluidos dos abuelitos, han recibido amenazas de muerte por parte de quienes están involucrados en el saqueo del recurso.
Desde hace casi dos años, particulares han estado perforando pozos en Peotillos sin el permiso del ejido ni de la Conagua. Aunque el acuífero está vetado y debería utilizarse exclusivamente para riego agrícola, estos pozos irregulares han vuelto a funcionar después de que la Conagua los clausurara. La situación ha provocado una disminución en el suministro de agua en las viviendas locales, afectando la calidad de vida de los habitantes.
