En un sorprendente giro de eventos que sacuden al Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí,(SEA), Juan Ramón Infante Guerrero miembro de este organismo en el Altiplano y padre de una de las víctimas del trágico incidente ocurrido en el antro «Rich» de la Plaza Alttus el pasado 7 de junio, ha presentado su renuncia acusa que en el Sistema está plagado de corrupción.
Juan Ramón Infante Guerrero, alegó que rechaza rotundamente la forma de operar que presuntamente se mantiene en el interior del SEA en el caso donde su hijo perdiera la vida. En un documento, junto a su renuncia, expresó su indignación ante lo que calificó como una «simulación contaminada», señalando que la corrupción dentro del SEA y otras entidades gubernamentales ha sido un problema persistente y recurrente.
Infante Guerrero documentó casos de corrupción que involucran no solo al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador del SEA, sino también a otras instituciones clave como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Contraloría General del Estado. Asimismo, mencionó irregularidades en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana y en la Secretaría Ejecutiva del SEA.
La renuncia ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en entredicho la credibilidad del SEA, cuya función principal es combatir la corrupción en el estado. La revelación de este caso ha creado un debate sobre la eficacia y la veracidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.