Rodrigo Joaquín Lecourtois López, Auditor Superior del Estado, exhortó a los presidentes municipales electos para que se abstengan de contratar colaboradores que aparezcan en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados, porque estarían violando la ley y quedarían sujetos a dos procedimientos; de responsabilidad administrativa y denuncia penal.
En este sentido, puntualizó que la demanda ciudadana es que se castigue a quienes tienen cuentas pendientes, “hay que privilegiar el Estado de Derecho, la responsabilidad administrativa y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos”, puntualizó Rodrigo Lecourtois.
Lo anterior, a propósito del caso del exfuncionario público Marcelino N., a quien el 23 de mayo pasado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, notificó una resolución de inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años, el pago de un resarcimiento superior a los 13 millones de pesos y una multa de aproximadamente 800 mil pesos, por concepto de las irregularidades observadas en su gestión como Presidente Municipal de San Martín Chalchicuautla, durante el período 2012 – 2015.
Fue en la auditoría practicada a la Cuenta Pública 2013, cuando la entonces Auditoría Superior del Estado detectó observaciones cercanas a los 13 millones de pesos que el expresidente municipal no pudo solventar, “pasó por un procedimiento sumamente largo en el que tuvo diversas oportunidades para comprobar este gasto y no lo hizo”, aseguró el titular del IFSE.
En vista de que la inhabilitación es de orden público, ésta se inscribió de inmediato en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados que por ley lleva el organismo fiscalizador y se notificó puntualmente tanto al Congreso del Estado como al Centro Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, toda vez que se advirtió el nombre del exfuncionario en un listado de candidatos a elegirse en la pasada jornada electoral.
“Marcelino N. conocía el 14 de septiembre, día de la toma de protesta de los diputados de la nueva Legislatura Local, que un juez federal le negó la suspensión de la inhabilitación y ésta no ha sido revocada, nulificada, ni suspendida por alguna autoridad competente; por lo tanto, no puede tomar protesta”, indicó Lecourtois López.
Hoy por hoy la resolución se encuentra firme y es necesario aclarar que el Tribunal Electoral no es competente para resolver cuestiones administrativas, solamente electorales y estos son dos temas completamente distintos; por tal motivo, la inhabilitación sigue firme, señaló el Auditor Superior del Estado y concluyó: “expedientes similares a este caso serán presentados a las autoridades competentes a la brevedad”.
