En un hecho histórico que reconfigura el panorama de la seguridad pública en México, el Congreso de la Unión aprobó de manera definitiva la reforma constitucional que transfiere el control operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con esta decisión, la corporación creada en 2019 pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas, consolidando así una tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en el país.
La decisión de transferir la GN a la Sedena ha generado reacciones encontradas en la sociedad. Mientras algunos ciudadanos celebran esta medida como una garantía de mayor seguridad, otros expresan su preocupación por las implicaciones en materia de derechos humanos y la posible pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
La finalidad de la propuesta se centra en tener una mejor seguridad en el país y combatir con una mejor estructura operativa los delitos. En este sentido, las fuerzas armadas tendrían injerencia en la seguridad pública de los estados y municipios, lo que ha generado una serie de controversias en el ámbito social.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el aval de esta reforma debido al historial de quejas que existen en la Comisión Nacional por violaciones a los derechos de parte de elementos de la Guardia Nacional.
La efectividad de esta medida es un tema de amplio debate respecto a la lucha contra el crimen organizado.
