El Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto, de la capital potosina, se encuentra en el centro de una controversia legal luego de que un juez federal ordenara la inmediata atención médica de una paciente con insuficiencia renal a quien se le habían negado sus sesiones de hemodiálisis. La omisión administrativa del nosocomio derivó en un juicio de amparo que obligó al hospital a garantizar el tratamiento médico que la paciente necesitaba desde finales de diciembre del 2024.
Sin embargo, luego de que el Hospital Central ignorara la resolución del amparo, el juez tercero de distrito tomó la decisión de acudir personalmente al nosocomio para exigir explicaciones sobre el incumplimiento de la orden judicial que emitió. Fue después del jalón de orejas que el representante del Juzgado Tercero de Distrito le hizo a las autoridades del nosocomio que la paciente pudo ser atendida con hemodiálisis dos veces por semana.
Este caso evidenció la indolencia con la que actúan las autoridades de este hospital, pues han salido a la luz varios casos similares, en los que las autoridades del nosocomio público más importante del territorio potosino comete omisiones y negligencias contra los pacientes, no sólo renales, sino también oncológicos y con enfermedades crónicas. En algunos casos, los pacientes tienen que costear tratamientos privados que pueden superar los siete mil pesos semanales, una cantidad que no muchas familias pueden subsanar.
Las autoridades judiciales han vinculado a diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Finanzas, para garantizar la asignación de presupuesto que permita atender a los pacientes de hemodiálisis y evitar que situaciones similares se repitan. Sin embargo Las deficiencias del Hospital Central han salido a la luz con este caso y son pocos los que han llegado a instancias legales, lo que ha permitido que la problemática persista sin consecuencias claras para la administración del nosocomio.
