La sombra de las próximas elecciones de jueces y magistrados se extiende sobre el Altiplano, una región donde el proceso aún se percibe como un enigma para la mayoría de sus habitantes. La complejidad del ejercicio democrático no es un secreto, incluso expertos a nivel nacional anticipan un camino marcado por la curva de aprendizaje. A menos de dos meses poca gente sabe cómo será el proceso.
La pregunta que resuena con fuerza es: ¿cuánto tiempo tomará este aprendizaje para que la elección popular de impartidores de justicia se convierta en un ejercicio democrático exitoso y plenamente comprendido por la ciudadanía? La respuesta parece señalar hacia una necesidad imperante de acción temprana y sostenida.
Para que en el futuro estas elecciones alcancen su máximo potencial, la difusión del proceso no puede ser una actividad esporádica. Debe convertirse en una política continua, dando inicio prácticamente al día siguiente de que los jueces y magistrados electos tomen posesión de sus cargos. Explicar sus roles, sus responsabilidades, la importancia de su función dentro del sistema judicial y cómo la ciudadanía puede participar de manera informada en futuros procesos electorales se vuelve crucial.
Otro factor que añade complejidad al panorama es la diversidad de cargos a elegir y la disparidad en la duración de sus periodos. Esta heterogeneidad anticipa la necesidad de una planificación meticulosa y constante para las futuras campañas electorales. Desde el primer día en que los funcionarios judiciales asuman sus responsabilidades, las autoridades competentes deberían estar diseñando estrategias de comunicación diferenciadas para cada tipo de cargo y considerando los diferentes calendarios electorales y los errores que se pudieran haber cometido en esta inédita elección.
