En Matehuala la salud de sus habitantes parecen ser la víctima silenciosa de una administración que prioriza la fotografía al bienestar ciudadano. La reciente tragedia de un adolescente que perdió una pierna no es solo un lamento por un futuro truncado, sino un grito desgarrador que expone la alarmante carencia de servicios médicos elementales, como ambulancias disponibles y accesibles.
Resulta indignante que en una emergencia donde cada segundo cuenta, la respuesta del ayuntamiento, encabezado por el alcalde Raúl Ortega Rodríguez, haya sido imponer un costo de 7 mil pesos para el traslado del joven a San Luis Potosí. Una suma prohibitiva para una familia en medio de la angustia y la urgencia. La Cruz Roja, con una tarifa de 10 mil pesos, no ofrecía un panorama más alentador. En este escenario desolador, la vida y la integridad de un joven quedaron condicionadas a la capacidad económica de su familia.
La justificación que se trató de hacer a través de una campaña «limpianombres», sobre la imprudencia del adolescente al conducir una motocicleta, resulta no solo insensible sino también una cortina de humo para desviar la atención de la verdadera problemática. Sí, la prevención y la educación vial son cruciales, sí hubo faltas al reglamento de tránsito al ser menor de edad y conductor, pero una vez ocurrido el accidente, la prioridad era la atención médica oportuna.
La paradoja se agudiza al recordar las recientes proclamaciones del alcalde Ortega Rodríguez sobre la adquisición de una ambulancia «para el servicio de todos» y la recepción de otra unidad por parte del gobierno estatal. En ambas ocasiones, la imagen del edil posando para la foto fue la noticia, mientras la operatividad real y la accesibilidad de estos vehículos parecen quedar en un limbo burocrático y económico.
Es fundamental señalar que una ambulancia adquirida con impuestos ciudadanos no es un bien personal del alcalde ni un negocio para el erario municipal en momentos de crisis. El servicio de traslado de emergencia debería ser unido a la inversión realizada por la comunidad. Establecer protocolos de cobro puede ser necesario a largo plazo para la sostenibilidad, pero ante una urgencia vital, la salud debe ser primordial, y la gestión administrativa debería enfocarse en garantizar la atención inmediata, dejando el cobro para un momento posterior. Cobra, multa, sanciona; lo que sea, pero después de hacer el trabajo principal.
Matehuala, un municipio grande en extensión pero pequeño en sensibilidad de parte del gobierno, clama por un cambio de prioridades. La salud de sus ciudadanos no puede seguir siendo moneda de cambio ni rehén de la inacción. Las fotografías y los anuncios rimbombantes no curan heridas ni devuelven extremidades perdidas. Es hora de que la administración de Raúl Ortega deje de posar y comience a trabajar para que la salud sea un derecho garantizado, y no un lujo inalcanzable en el momento más crítico. La comunidad de Matehuala merece servicios de salud a la altura de su territorio y de su gente.
