Estado

Va Dulcelina Sánchez contra «coyotes» de trámites administrativos

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer la falta y sancionar con multas la realización de gestiones administrativas irregulares, comúnmente conocidas como “coyotaje», para asegurar la eficacia y transparencia en la realización de trámites públicos en el estado.

La propuesta señala que en el artículo 71 BIS se establezca que “será responsable de gestión administrativa irregular, el particular que ofrezca o realice servicios de intermediación para la realización de trámites administrativos para cualquier institución pública, sin la existencia de un mandato legal bajo los términos de la regulación aplicable. Se considerará agravante para la imposición de las penas aplicables a esta actividad, la utilización de engaños, simulación o intimidación, en cualquier forma”.

A las personas que realizan tales actividades comúnmente se les denomina como “coyotes”, y lamentablemente, este fenómeno se trata de una herencia que viene desde muchas administraciones atrás y, que aqueja en el presente el funcionamiento de las instituciones en una de las facetas de contacto cotidiano directo con la población, como es la realización de trámites necesarios para diferentes actividades.

La diputada Sánchez de Lira añadió que con esta iniciativa se estaría en condiciones de combatir esta actividad irregular, de manera transversal en el estado.

La imposición de penas, resultaría proporcional, al contar la Ley con disposiciones que deben ser concretadas por el Tribunal, y que, para las personas físicas, lo aplicable en este caso, según el artículo 80, son como sigue: Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Además de que, para fijar la sanción se toman en cuenta elementos como grado de participación, reincidencia, capacidad económica, daño causado, entre otros.