San Luis Potosí enfrenta una grave crisis en torno al cuidado de sus adultos mayores, luego de que se hicieran públicas múltiples denuncias por maltrato físico y psicológico en al menos dos estancias geriátricas privadas de la capital. Las acusaciones, respaldadas por videos difundidos en redes sociales, han generado indignación social y movilización por parte de autoridades estatales y municipales.
La primera denuncia se dio a conocer el 14 de mayo, señalando a la estancia Santa Sofía, ubicada en Fray Diego de la Magdalena, como escenario de prácticas sistemáticas de abuso. Las imágenes mostradas incluyen agresiones físicas y condiciones indignas que, según testimonios, han sido constantes desde 2023. Vecinos y testigos han descrito una situación de abandono y violencia prolongada hacia los residentes.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio, asegurando los videos como evidencia y comenzando a recabar información para determinar responsabilidades legales. La institución también trabaja en el resguardo de posibles víctimas y ha hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación similar.
Las autoridades locales han expresado su rechazo. El alcalde Enrique Galindo condenó los hechos y reafirmó su compromiso con la protección de los adultos mayores a través del DIF Municipal. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo calificó la situación como inaceptable y urgió a la Fiscalía a realizar las investigaciones necesarias. Aclaró que el asilo Santa Sofía opera de forma privada, pero ofreció apoyo a las familias afectadas a través de la Casa de los Potosinos, un espacio público de asistencia para adultos mayores.
La ciudadanía, por su parte, exige que no solo se cierren los centros implicados, sino que se implementen medidas de vigilancia, control y sanción contra quienes resulten responsables. La situación ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar a fondo las condiciones en que operan este tipo de establecimientos en San Luis Potosí, para garantizar una vejez segura y digna.
