La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal intervendrá y mantendrá vigilancia en una próxima asamblea ejidal en la comunidad de Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, donde existe preocupación por un proyecto que podría implicar actividad minera.
Durante una rueda de prensa, Sheinbaum detalló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya fueron instruidas para establecer contacto con el gobierno estatal y con los ejidatarios a fin de revisar el alcance del proyecto y su posible impacto ambiental.
El proyecto en cuestión se presenta como una iniciativa para la producción de materiales para la construcción, y aunque se ha estudiado la instalación de una cementera, también se sospecha que incluye extracción de oro a baja escala, lo que ha generado inquietud entre la población local y el Congreso del Estado, desde donde ya se solicitó una revisión y posible freno al desarrollo.
La presidenta subrayó que no existe actualmente ninguna autorización ambiental, ni por parte del gobierno estatal ni de la Federación, para un proyecto minero en esa región. Asimismo, explicó que, en el caso de materiales pétreos, las autorizaciones ambientales son competencia de los gobiernos estatales, mientras que en proyectos mineros de metales como oro, plata o cobre, corresponde a la Semarnat evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
“Vamos a pedirle a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, que entre en contacto con el gobierno del estado y a Edna Vega, de Sedatu, que dialogue con los ejidatarios para revisar el proyecto y su impacto”, afirmó Sheinbaum.
La mandataria informó también que este fin de semana se llevará a cabo una asamblea ejidal clave en Corcovada, donde se abordará la postura de los comuneros frente al proyecto. Dijo que ya se encuentra pendiente la Procuraduría Agraria para supervisar en qué condiciones se realiza dicha reunión. La intervención del Gobierno Federal busca garantizar la transparencia en el proceso, el respeto a los derechos de las comunidades y la protección ambiental en la zona.
