La carretera Villa de Guadalupe – Charcas se ha convertido en el escenario de una tragedia que ha sacudido a toda la comunidad. La muerte de un vecino, en un accidente que según los testigos pudo haberse evitado, no solo ha desatado el luto, sino que también ha expuesto el abandono y la ineficiencia de la administración municipal. El alcalde Emiliano Zapata López está ahora en el ojo del huracán. Los hechos son un reflejo de una gestión que ha priorizado la imagen política sobre los resultados.
Después del accidente, las llamadas a los servicios de emergencia y a las autoridades municipales cayeron en saco roto. La ayuda tardó más de dos horas en llegar. Este retraso, que los ciudadanos consideran imperdonable, fue, de acuerdo a comentarios ciudadanos, la principal causa del fatal desenlace. Lo más indignante, y el detonante de la furia colectiva, es que la nueva ambulancia, aquella que el alcalde presentó con orgullo en enero como un “logro”, brilló por su ausencia.
Testigos y vecinos han señalado que la unidad simplemente no estaba en Villa de Guadalupe. La tragedia ha destapado la realidad de que el municipio carece de un servicio de salud funcional y de un equipo de reacción inmediata. Los ciudadanos se sienten desprotegidos, conscientes de que en situaciones de emergencia, cada minuto cuenta y el tiempo perdido es la diferencia entre la vida y la muerte. El descontento, que durante meses se había mantenido en silencio, ha explotado.
Los habitantes acusan al alcalde Zapata de estar más preocupado por viajar a la capital y aparecer en fotos que por las necesidades vitales de su gente. Si bien reconocen la importancia de las reuniones con el gobernador, la comunidad no ve que esas participaciones se traduzcan en beneficios reales. La percepción que tienen los habitantes de Villa de Guadalupe es que el alcalde gestiona para la foto, no para el bienestar del pueblo. La comunidad exige ahora explicaciones y acciones concretas. Ya no basta con discursos y promesas vacías. La vida del vecino fallecido, afirman, fue puesta en riesgo por la ausencia de un servicio esencial que solo existe en la propaganda del gobierno.
