La carretera federal 57, que es el principal corredor logístico del país, se ha convertido en un escenario de operaciones encubiertas para el crimen organizado. Un reciente golpe de las fuerzas de seguridad federales puso al descubierto una de las múltiples redes de huachicoleros que operan en el país y que usan al Altiplano potosino como escondite de hidrocarburos.
El Altiplano ofrece una combinación que parece letal: poca vigilancia en diversos tramos y una conexión directa con la carretera 57, utilizada como vía logística por la que fluye el combustible robado. La estrategia ha sido efectiva para los delincuentes: el producto se extrae de los ductos, se almacena en bodegas improvisadas sin ostentación para pasar desapercibido y, presuntamente, se distribuye en vehículos pequeños.
El desmantelamiento de una red de huachicoleros en la comunidad de El Carmen, al sur de Matehuala, fue el resultado de un operativo en el que las fuerzas federales actuaron en coordinación con autoridades estatales. Este éxito, sin embargo, es solo el inicio, pues las investigaciones continúan ante la magnitud de la red que opera a gran escala.
El huachicol no es solo un delito que afecta al gobierno federal; las tomas clandestinas representan un peligro latente para las comunidades cercanas, con riesgo de explosiones, fugas tóxicas y contaminación del suelo y del agua, causando un daño ambiental irreversible. Los operativos permanentes anunciados por el titular de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, han surtido efecto para encaminar el objetivo de desmantelar estas operaciones ilícitas.
Sin embargo, el combate al huachicol en la carretera 57 requiere no solo más operativos, sino una estrategia integral que también detecte posibles casos de corrupción. La carretera 57, en lugar de ser un símbolo de progreso y conexión, se ha convertido en un reflejo de una de las problemáticas más complejas y peligrosas de la delincuencia organizada en México, con el Altiplano como uno de los lugares preferidos por los criminales para instalar centros operativos. El trabajo de las autoridades y la coordinación es digno de reconocimiento, pero es necesario que las investigaciones y acciones se complementen con detenciones para erradicar de forma profunda esta actividad que daña al Altiplano potosino.
