La directora del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) plantel Matehuala, Amalia Castillo Córdova, se encuentra en el centro de una severa polémica tras ser señalada por presuntamente orquestar un despido masivo de docentes y personal administrativo. Fuentes internas del colegio aseguran que los movimientos de personal no son aislados, sino que responden a intereses externos que buscan controlar la operación del plantel.
Víctimas de despidos injustificados y hostigamiento dijeron a «El Tiempo del Altiplano» que el expresidente Franco Coronado es la figura detrás de estas decisiones, sugiriendo que la directora Castillo estaría actuando bajo su influencia para colocar a personal de su círculo cercano. Los despidos han afectado a trabajadores con antigüedad y experiencia, generando temor en el resto del personal, que vive en la incertidumbre de perder su empleo.
La comunidad académica de Matehuala ha calificado los despidos como injustificados y arbitrarios, además de asegurar que la propia Amalia Castillo, en diversas ocasiones, ha acosado laboralmente a maestros con la amenaza de que existen denuncias de acoso sexual en su contra. Esta manipulación, aseguran, se trata de una imposición de poder para controlar el plantel y a toda la plantilla docente, con el fin de lograr objetivos políticos.
El periodo de Amalia Castillo al frente del CONALEP Matehuala inició en mayo de 2025. En este corto tiempo, su gestión ha quedado marcada, según las denuncias, por una ola de testimonios que muestran un presunto patrón de acoso laboral. El personal afectado y el que permanece en sus puestos describe un ambiente de presión constante. Aseguran que la intimidación, la violación de derechos laborales y las amenazas de despido se han convertido en prácticas habituales.
Castillo Córdova es señalada directamente por usar su posición para ejercer presión sobre quienes no se alinean a sus directrices o a los presuntos intereses del grupo político del expresidente Franco Coronado. La situación exige una línea de investigación por parte de las autoridades educativas y laborales para esclarecer las circunstancias de los despidos y las denuncias de acoso, así como para determinar la veracidad de la influencia del expresidente en la administración del plantel.
