La defensa legal de los habitantes de Estación Wadley dio un paso importante en la lucha por la protección de sus tierras. La organización “Defensa Wadley” informó que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado concedió una suspensión provisional dentro del amparo promovido contra una escritura considerada fraudulenta, mediante la cual un particular pretendía despojar a los pobladores de sus terrenos e incluso ya había iniciado su venta para la instalación de una empresa chilera.
De acuerdo con el colectivo, la resolución judicial implica que no podrán realizarse compraventas, escrituras ni movimientos legales sobre el predio en disputa, mientras el juicio sigue en curso. Además, la escritura señalada como apócrifa no tiene efectos legales, al no encontrarse firme. El amparo fue interpuesto por vecinos de Estación Wadley luego de que se detectaran múltiples irregularidades en un documento presentado por Juan Coronado Rodríguez, quien asegura haber adquirido la totalidad del pueblo a una persona ya fallecida.
Los habitantes advierten que cualquier documento firmado por Coronado Rodríguez carece de validez, pues el individuo no tiene facultades para vender, escriturar o cobrar por terrenos o casas en la zona. Aseguran que, pese a los intentos del empresario “chilero” Omar Jácome Zenil de apropiarse de las tierras, las amenazas y los actos de intimidación, los pobladores no bajarán la guardia y esperarán la suspensión definitiva del acto reclamado.
La disputa por la tierra
El conflicto se remonta a julio de 2024, cuando Juan Coronado comenzó a ostentarse como supuesto dueño de todos los solares urbanos de Estación Wadley. Sin mostrar documento alguno, el hombre, junto a su abogada Alma Patricia Cerda Doñez, habría intimidado a varios habitantes, advirtiendo que podían ser desalojados si no pagaban las cantidades exigidas. En agosto de 2025, Omar Jácome Zenil se presentó en el poblado asegurando haber comprado a Coronado dos terrenos aledaños, donde incluso comenzó trabajos de desmonte. Los habitantes denunciaron que esas áreas son de uso común y cuentan con vegetación característica del semidesierto, por lo que están destinadas a la conservación ambiental.
Preocupados por el riesgo de desalojo, los vecinos acudieron ante la jueza auxiliar de Estación Wadley y la Secretaría General del Ayuntamiento de Catorce para solicitar constancias de posesión que acreditaran su antigüedad como ocupantes legítimos. Poco después, en septiembre, las autoridades locales les mostraron copias certificadas de una sentencia dictada por el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial, con sede en Matehuala. El fallo, fechado el 27 de noviembre de 2023, dentro del expediente 362/2023, fue promovido por Coronado Rodríguez mediante un juicio civil extraordinario por inscripción definitiva.
El documento, según el propio registro, acredita la supuesta compra de una “finca urbana” ubicada en la calle Hidalgo de la fracción Wadley, con un contrato de compraventa fechado el 23 de febrero de 1988, celebrado entre María Luisa Delgadillo y Roberto Portillo Quijano como representante. Sin embargo, los pobladores denunciaron que nunca fueron llamados al procedimiento judicial, además de detectar diversas inconsistencias en el contrato:
- Errores en las medidas y colindancias.
- Ausencia del número oficial del inmueble.
- Falta de superficie total clara.
El croquis incluido en el documento marca 47,616 metros cuadrados, es decir, 4.76 hectáreas, una extensión que abarcaría prácticamente todo el pueblo, algo imposible al tratarse de una supuesta “finca urbana”. Por todas estas razones, los habitantes de Wadley conformaron el movimiento “Defensa Wadley”, con el objetivo de proteger su patrimonio y dar seguimiento al juicio de amparo. Actualmente solicitan apoyo económico para sostener los gastos legales, entre ellos los honorarios de su abogada, peritos e ingenieros, además de diligencias y traslados a la ciudad de San Luis Potosí.