La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya solicitó al Gobierno de Estados Unidos la extradición del empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, luego de su detención en Florida. A través de un comunicado, la institución recordó que Álvarez Puga cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Tras conocerse su captura, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite para la detención provisional con fines de extradición. Pese a que un juez migratorio en Estados Unidos concedió su deportación el pasado 17 de octubre, la defensa del empresario interpuso un recurso contra esa resolución.
Será el 12 de noviembre cuando la autoridad estadounidense determine si procede o no la detención con fines de extradición. Mientras tanto, el empresario permanece recluido en el centro de detención migratoria de Krome North, en Florida. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido retenido por no contar con documentación que acreditara su estancia legal en ese país.
La FGR acusa a Álvarez Puga, a Gómez Mont y a por lo menos diez personas más del presunto desvío de 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras, a través de contratos asignados para equipar distintos penales federales.
La polémica en torno a Álvarez Puga no es nueva. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron un cateo en las oficinas del despacho Álvarez Puga y Asociados, luego de detectarse asesorías fiscales para evitar el reparto de utilidades e impuestos mediante el registro simulado de trabajadores como socios.
En 2012, el diario «The New York Times» publicó que una compañía vinculada al empresario fungía como matriz de diversas firmas fantasma. A ello se suma que, en 2016, Gómez Mont fue señalada por ingresos superiores a lo declarado ante el SAT y posteriormente debió pagar 2.6 millones de pesos. De ser declarada culpable, la presentadora podría enfrentar una pena de al menos 20 años de prisión.
