Lo que hoy ocurre en el sistema de salud de San Luis Potosí debería escandalizarnos. Diputados locales han levantado la voz en más de una ocasión para denunciar lo que muchos callan; una crisis estructural en el nuevo modelo del IMSS-Bienestar, con hospitales y centros de salud que enfrentan desabasto de medicamentos, carencia de insumos básicos, falta de personal y una administración precaria.
En teoría, la transición al IMSS-Bienestar, que ya ha incorporado decenas de hospitales y decenas de clínicas en la entidad, representaba una oportunidad para fortalecer el servicio público, sobre todo para los más vulnerables, pero la promesa ha chocado con la realidad. Reportes recientes, incluidos algunos hechos públicos por los legisladores, alertan que las nuevas unidades no cuentan con manuales operativos claros ni normas internas bien definidas, lo que repercute directamente en la calidad de la atención.
Peor aún, en varios municipios de la región, donde muchas comunidades viven con niveles altos de pobreza y marginación, esta crisis sanitaria no es un lujo que se puede ignorar, es una herida abierta. Allí, los hospitales y centros de salud sufren no sólo por la falta de medicinas, sino por la escasez de insumos que son esenciales para atender emergencias, realizar estudios o simplemente dar una atención digna. En algunos casos, pacientes han sido obligados a comprar lo que el centro no tiene; en otros, enfrentan traslados largos y costosos para buscar ayuda.
Además, la ausencia de vacunas en estas zonas agrava aún más el problema: no basta con tener un edificio médico si no se pueden prevenir enfermedades comunes o atender con prontitud a quienes lo necesitan. Aunado a esto, el personal calificado es escaso, y las condiciones laborales se vuelven inestables; algunos médicos denuncian pagos impuntuales o infraestructura deteriorada, además del acecho del crimen.
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¿Y qué hacen los responsables? La respuesta institucional ha sido tibia. Los diputados han exhortado formalmente al IMSS-Bienestar para que implemente medidas urgentes, demandando políticas de planeación administrativa, equipamiento, insumos y, no menos importante, claridad presupuestal, pero los llamados no bastan sin un acompañamiento ciudadano firme y sin rendición de cuentas real, se requiere transparencia sobre qué se ha presupuestado versus lo que realmente llega a los hospitales, especialmente en las zonas más olvidadas.
En el Altiplano Potosino, muchos no tienen los medios para acudir a una clínica privada ni ahorrar para un tratamiento. Esa gente merece algo mejor que largas filas para recibir lo poco que quede. Merecen un sistema de salud público que funcione, que no dependa de la buena voluntad o de la vergüenza de ser objeto de denuncias.
La salud pública debe dejar de ser un discurso para convertirse, realmente, en un derecho garantizado. Para eso se necesita más que promesas, hace falta acción, supervisión ciudadana y una exigencia constante por parte de la sociedad para que sus hospitales dejen de ser espacios de penuria y se transformen en lugares donde curar no sea un privilegio, sino una certeza.
Por cierto, ¿Cuántos de ustedes han visto a los médicos de “Salud Casa por Casa”?
