La llegada de miles de paisanos a sus pueblos en el Altiplano potosino, como parte de una dinámica que, cada año, alimenta la vida social y la economía local, se ha visto ensombrecida por una cadena de delitos que va más allá de los robos en carretera y las balaceras: extorsiones sistemáticas en puntos de cruce y retenes, tanto por parte de grupos delictivos como por servidores públicos, que en la práctica convierten el regreso en un trayecto de riesgo y pérdidas económicas para quienes únicamente buscan reencontrarse con sus familias.
Testimonios recabados en los últimos meses describen un patrón repetido que incluye cobros en efectivo en la frontera por montos que llegan hasta los 100 dólares en los cruces, detenciones y revisiones prolongadas en retenes donde, según las víctimas, se pide dinero adicional y se aprovecha la vulnerabilidad de quienes viajan con regalos y pertenencias para sus seres queridos.
Son muchas las denuncias que coinciden en señalar tanto a policías municipales y federales como a grupos delictivos que operan en tramos carreteros, y que no se limitan a un único punto, sino que se extienden por rutas que atraviesan municipios como Cedral, Matehuala, Guadalcázar y Villa de Arista, donde la percepción de impunidad y la repetición de incidentes incrementan la alarma social. Aunque este fenómeno de violencia y extorsión existe en varias regiones del país, el Altiplano potosino aparece en los reportes como un “foco rojo” por la frecuencia y la visibilidad de los episodios
Las consecuencias son tangibles; familias que reciben a sus parientes con menos recursos, comerciantes locales que anticipan bajas en ventas por la posible disminución del flujo de visitantes y conductores que optan por rutas alternas o por postergar sus viajes para evitar exponerse a riesgos documentados en redes y medios locales. Frente a estas denuncias, las respuestas oficiales han sido ineficientes y, en ocasiones, retóricas: en diciembre de 2023 autoridades estatales anunciaron operativos y compromisos de acompañamiento para proteger a los paisanos, sin embargo las denuncias posteriores muestran persistencia del problema y una percepción extendida de omisión o, peor aún, de complicidad de parte de cuerpos encargados de la seguridad pública cuando no existe una investigación clara y sanciones efectivas contra los responsables.
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El patrón preocupante que emerge de los relatos es doble; por un lado, la presencia de agentes que, aprovechando la opacidad de retenes y cruces, extorsionan y sancionan arbitrariamente; por otro, la actuación de bandas criminales que asaltan, despojan y, en algunos casos, agreden con armas de fuego a quienes transitan por carreteras concretas del Altiplano, transformando tramos que deberían ser seguros en corredores de violencia que afectan especialmente a migrantes de paso.
Los afectados insisten en que la solución no se debe quedar en promesas de operativos, sino que debe llegar a medidas concretas; rutas de acompañamiento certificadas, supervisión y auditoría de puntos de control por instancias independientes, protocolos claros de actuación policial con cámaras y registros públicos, atención a las denuncias con seguimiento visible y sanciones ejemplares hacia servidores públicos y particulares implicados. Sin ello, dicen, cualquier estrategia será parche temporal que no resolverá la raíz del problema.
La ausencia de respuestas efectivas, la lentitud en el procesamiento de denuncias y la falta de transparencia en las investigaciones fomentan la sensación de una omisión que raya en la complicidad institucional, lo que obliga a poner en la balanza la responsabilidad del Estado frente al derecho básico de quienes migran temporariamente a regresar seguros a su tierra.
Finalmente, aunque reconocer que la violencia y la corrupción son fenómenos complejos y de alcance nacional, en el Altiplano Potosino la reiteración de casos documentados y la resonancia en el discurso público requieren, con urgencia, una estrategia de protección real y medible para los paisanos que cada año traen consigo no sólo economía sino memoria y tejido comunitario. De lo contrario, el costo social y económico será pagado por las familias y pueblos que ya sufren las consecuencias de un problema que, en apariencia, podría ser mitigado con voluntad política, coordinación interinstitucional y rendición de cuentas.
