En alerta máxima permanecen las gasolineras ubicadas a lo largo de la carretera 57, donde empleados y encargados denuncian una creciente presencia del crimen organizado que ha convertido la zona en un corredor de riesgo. Trabajadores aseguran que los grupos delictivos han cometido agresiones físicas contra despachadores, además de asaltos constantes en los que roban dinero, teléfonos y pertenencias. La situación, señalan, ha empeorado en los últimos meses sin que se observe una respuesta efectiva de las autoridades, lo que ha incrementado el temor entre quienes laboran durante los turnos nocturnos y matutinos. La percepción general es que la región quedó prácticamente a merced de los delincuentes.
A pesar de que existen bases y retenes de la Guardia Nacional distribuidos en distintos tramos de la carretera, los asaltos ocurren a escasos metros de estos puntos e incluso en plena luz del día, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la vigilancia y la capacidad de reacción de la corporación. Testimonios de trabajadores revelan que los delincuentes actúan sin prisa, a sabiendas de que no serán interceptados, lo que ha permitido que los ataques se repitan de manera casi cotidiana. La falta de patrullajes constantes ha sido uno de los reclamos más recurrentes entre los afectados, quienes consideran urgente reforzar la seguridad en este corredor federal.
La ola de violencia ha obligado a estaciones de servicio a implementar toques de queda, dejando atrás la operación de 24 horas que durante años caracterizó a las gasolineras de la zona. Ahora, la mayoría cierra antes de anochecer para evitar riesgos, mientras que otras han reducido personal o turnos para disminuir la exposición a agresiones. Esta medida, aunque necesaria para proteger a los trabajadores, ha afectado también a transportistas y automovilistas que dependen de estos servicios durante la madrugada, especialmente en un tramo carretero de alta circulación nacional.
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La problemática ya ha alcanzado a gasolineras ubicadas dentro de la capital potosina, particularmente en aquellas que se encuentran cerca o colindan con la carretera 57. En estos establecimientos también se han registrado robos violentos y agresiones similares, lo que indica que el fenómeno está avanzando hacia zonas urbanas sin que exista un operativo coordinado para contenerlo. Empleados señalan que temen que la situación continúe escalando si no se implementan acciones inmediatas que frenen los ataques.
Ante este panorama, trabajadores y administradores de estaciones de servicio han solicitado una intervención urgente de las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Consideran indispensable aumentar la presencia de la Guardia Nacional, reforzar la coordinación con policías estatales, y establecer patrullajes preventivos tanto de día como de noche. De lo contrario, advierten, el riesgo para empleados y usuarios seguirá creciendo y la carretera 57 podría consolidarse como uno de los puntos más peligrosos para quienes transitan o laboran en la zona.
En medio de este clima de inseguridad, algunos propietarios han comenzado a invertir en sistemas de videovigilancia más robustos, iluminación reforzada y protocolos internos de emergencia, aunque reconocen que estas medidas solo mitigan parcialmente el problema. Señalan que ningún recurso tecnológico será suficiente si no existe un respaldo institucional real y una estrategia sostenida contra los grupos delictivos que operan en la región. Mientras tanto, los trabajadores continúan desempeñando sus labores con miedo, conscientes de que cada turno podría significar un nuevo riesgo ante la ausencia de protección efectiva.
