Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que se solicitó la captura del empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, por presunto tráfico de combustible, tráfico de armas y colaboración con una organización delictiva que operaba entre Guatemala y México. La FGR identifica a Rocha Cantú como uno de los líderes de una red dedicada al contrabando de combustible que ingresaba al país por el río Usumacinta y se distribuía principalmente en Chiapas, Tabasco y Querétaro.
La investigación federal detalla que el combustible habría sido trasladado a propiedades relacionadas con el empresario, entre ellas los ranchos La Espuela y La Chingada, ubicados en Querétaro. En estos sitios, el hidrocarburo era almacenado, modificado y distribuido. La orden de aprehensión por delincuencia organizada fue girada el pasado 6 de agosto por un juez federal de Almoloya de Juárez, aunque la existencia de la indagatoria se conocía desde meses antes.
La FGR rastrea empresas, bodegas y propiedades presuntamente vinculadas a la operación ilícita. Uno de los avances del caso ocurrió el 22 de febrero, cuando una fiscalía estatal cateó el rancho La Espuela y encontró documentos relacionados con la red de tráfico de combustible. Paralelamente, la carpeta de investigación contempla presuntas actividades de ingreso de combustible desde Centroamérica y suministro de armas a grupos delictivos.
De forma adicional, el periodista Carlos Loret de Mola informó que Rocha Cantú acudió el 21 de octubre a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar ser testigo colaborador. Según Loret, la red en la que aparece señalado incluía a personas vinculadas al Cártel del Golfo, quienes habrían recibido apoyo logístico y armamento.
El periodista detalló que el 15 de noviembre la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra bajo la causa penal 495/2025, por delitos relacionados con tráfico de armas y de combustible, y que el 19 de noviembre quedó formalizado su ingreso al programa de testigos protegidos. La información publicada agrega que la presunta organización delictiva utilizaba centros logísticos para recibir, mezclar y distribuir combustible proveniente de Guatemala sin cumplir con obligaciones arancelarias. En el caso del tráfico de armas, éste se habría realizado mediante empresas de seguridad privada que compraban, transportaban y rematriculaban armamento con apoyo de exintegrantes de las Fuerzas Armadas.
