El estado de San Luis Potosí atraviesa una situación delicada en materia de derechos humanos vinculados a las corporaciones policiales municipales. En este escenario, Altiplano potosino se encuentra en el epicentro de la problemática. En 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 18 recomendaciones en total, de las cuales 11 se dirigieron a municipios y nueve de ellas involucraron a policías municipales por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos degradantes y tortura. Estos datos reflejan un patrón preocupante que, lejos de ser aislado, se repite en varias localidades de la región.
Matehuala se ha convertido en uno de los municipios más señalados. La Recomendación 5/2024 fue emitida tras acreditarse tratos crueles e inhumanos durante una detención, en la que un ciudadano fue trasladado sin evidencia de delito, golpeado y amenazado antes de ser ingresado a una celda sin que se le informaran sus derechos. De igual manera, la Recomendación 13/2024 señaló, además, violaciones al derecho a la integridad personal y omisiones en la elaboración de certificados médicos para personas detenidas. Estos casos han obligado al municipio a implementar capacitaciones en derechos humanos para los elementos de su policía municipal, aunque los resultados aún no se perciben de manera tangible.
Charcas y otros municipios del Altiplano también han sido objeto de señalamientos por parte de la CEDH, principalmente por abuso policial y detenciones arbitrarias. La Recomendación 1/2025 denunció condiciones graves en las celdas preventivas, incluyendo falta de ventilación, agua corriente e higiene, así como la presencia de fauna nociva. Estas deficiencias vulneran los derechos de las personas privadas de su libertad, especialmente el derecho a la integridad personal, la seguridad y el trato digno. Cedral, aunque más pequeño, también ha reportado quejas similares, evidenciando que la problemática se extiende a toda la región.
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No se trata únicamente de policías municipales. La Guardia Civil Estatal también ha sido señalada por abusos graves. Un caso en Matehuala involucra a una mujer embarazada que sufrió agresiones físicas y verbales, así como violencia sexual, lo que resultó en un aborto. La recomendación de la CEDH destacó que esta agresión constituyó una violación severa a los derechos a la vida, la integridad y la salud. Este tipo de incidentes subraya que los problemas en materia de derechos humanos no se limitan a municipios específicos, sino que forman parte de un patrón institucional más amplio.
Al respecto, autoridades federales ha alertado sobre deficiencias estructurales que impiden a muchos municipios garantizar la dignidad de las personas bajo custodia. Los separos municipales, en particular, han sido objeto de denuncias sistemáticas por maltrato, condiciones insalubres y omisiones en la custodia. En Matehuala, Charcas y Cedral, entre otros municipios, la combinación de detenciones arbitrarias, malos tratos y deficiencias en infraestructura penitenciaria genera desconfianza en la ciudadanía y socava la legitimidad de los gobiernos locales.
Aunque la CEDH ha buscado responder con recomendaciones, capacitaciones y mecanismos de seguimiento, la situación sigue siendo crítica. La reiteración de abusos y la falta de cambios estructurales ponen en riesgo la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para el Altiplano potosino, la problemática no es sólo un asunto de seguridad pública, sino una lucha constante por el respeto a la dignidad y la integridad de quienes habitan la región. Si no se implementan reformas profundas, con supervisión efectiva y recursos suficientes, la situación podría agravarse, consolidando un patrón de violencia institucional que sigue afectando a los sectores más vulnerables de la población.
