Desde su paso por la presidencia municipal de Matehuala, Franco Coronado Guerra ha sido señalado por presuntas irregularidades en la operación de programas asistenciales. De acuerdo con testimonios ciudadanos, Coronado habría intervenido directamente en la distribución de despensas de SEDESORE, condicionando su entrega a la afiliación política. Adultos mayores denuncian que fueron obligados a afiliar a al menos diez personas al partido para conservar el apoyo; quienes no lograron cumplir con ese requisito habrían sido dados de baja del programa sin explicación formal.
Una vez que dejó la alcaldía y fue designado como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) en la zona Altiplano, las acusaciones aumentaron. Beneficiarios reportan que Coronado presuntamente retiró tarjetas bancarias donde se depositaban becas estatales, argumentando que serían reemplazadas por nuevas. Sin embargo, estas tarjetas tardaban meses en llegar y, en algunos casos, arribaban bloqueadas, dejando a familias enteras sin acceso al recurso destinado para su sustento.
A las denuncias por manipulación de apoyos se suma el comportamiento que militantes y ciudadanos describen como “grosero y prepotente”. Relatan que Coronado se ha presentado en reuniones del partido con una actitud autoritaria, pese a no tener voz ni voto en decisiones internas. Según asistentes, su conducta ha generado inconformidad y tensiones dentro de la propia estructura política.
Las quejas por la entrega de despensas han aumentado durante las últimas semanas. Ciudadanos señalan desorganización, presuntas preferencias y un manejo discrecional del padrón de beneficiarios en Matehuala y parte del Altiplano. Afectados afirman haber sido desplazados del programa estatal aun cuando entregaron la documentación solicitada en tiempo y forma. Otros aseguran que algunas líderes de colonia condicionan el acceso, mientras que Franco Coronado estaría manipulando el beneficio alimentario según sus intereses.
Las familias que fueron dadas de baja sin justificación reportan afectaciones directas en su economía y señalan sentirse desprotegidas ante la falta de una autoridad que atienda sus casos. En medio de las denuncias, una líder seccional reconoció que sí hubo una reducción del padrón, aunque aclaró que ese recorte provino de oficinas estatales en San Luis Potosí, y no de la Delegación del Altiplano. Sin embargo, no se explicó bajo qué criterios se realizó esa depuración.
