La reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas por parte de la Cámara de Diputados ha generado preocupación en todo el país, pero especialmente en el Altiplano potosino, una región donde la escasez del vital líquido es parte de la vida cotidiana y los pozos han sido motivo de disputas históricas.
En municipios como Cedral, la pugna por el agua ha marcado generaciones enteras, como ocurre con el conocido conflicto por el pozo de San Isidro. En Villa de la Paz, la situación es todavía más crítica, el único pozo que funcionaba quedó inutilizado tras un mal movimiento de maquinaria, dejando al municipio prácticamente dependiente del suministro que recibe de Cedral.
A pesar de que cada administración estatal y municipal promete resolver la crisis hídrica y anuncia obras que supuestamente acabarán con la escasez, la realidad es que los habitantes del Altiplano continúan viviendo con lo mínimo. Con la nueva ley, diversos sectores temen que el agua, ya de por sí escasa, se convierta en un recurso aún más disputado y en un detonante de nuevos conflictos sociales. Especialistas han recalcado que el agua es un derecho humano universal, pero la legislación recién aprobada podría dificultar su acceso.
La reforma aprobada centraliza el control del agua en el Gobierno Federal, rompe el vínculo legal entre tierra y agua y crea mecanismos que dejan en manos de unos cuantos funcionarios la asignación del recurso. Entre los cambios más relevantes está la eliminación de la transmisión automática del derecho al agua cuando una parcela se vende, renta o hereda; ahora, cada nuevo propietario deberá solicitar una reasignación y esperar la aprobación de la Federación.
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Además, se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, un instrumento que concentra el agua bajo control federal. Un comité encabezado por Conagua y dependencias como Hacienda y Bienestar decidirá cómo se redistribuye el líquido, lo que reduce la participación local en la gestión y concentra el poder lejos de las comunidades que lo usan diariamente. Esto significa menos voz para ejidos, agricultores y pueblos del Altiplano, donde el agua se trata no solo como un recurso, sino como una cuestión de supervivencia.
La reforma también otorga mayor discrecionalidad a Conagua, que podrá imponer “medidas necesarias” en casos de emergencia, escasez o seguridad hídrica, una categoría amplia que le permite restringir o cancelar concesiones sin reglas claras. Asimismo, endurece sanciones e introduce nuevos delitos hídricos, lo que, según críticas, podría criminalizar a productores en regiones donde por años se ha trabajado con infraestructura limitada y bajo un marco hídrico incompleto.
Aunque la ley incluye excepciones para uso personal y agropecuario familiar, su definición es estrecha y podría dejar fuera a pequeños y medianos productores del Altiplano, quienes podrían ser sancionados aún cuando solo buscan mantener sus actividades básicas en medio de un escenario de sequía prolongada.
La aprobación de esta ley marca un punto de inflexión para el campo mexicano. Y en el Altiplano potosino, donde el agua ha sido siempre un recurso frágil y motivo de lucha, los habitantes temen que la reforma pueda profundizar la desigualdad, aumentar los conflictos y agravar una crisis que durante décadas ha quedado sin resolver.
