La reciente entrega de apoyos del programa “Vivienda para el Bienestar” en el municipio de Charcas ha desatado una ola de inconformidad entre la población, luego de que ciudadanos denunciaran que los beneficiarios de los apoyos resultaron ser, en su mayoría, trabajadores del Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Marisol Nájera. De acuerdo con los testimonios, el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades que han levantado sospechas sobre un posible favoritismo hacia personal cercano a la administración municipal.
Según lo señalado por personas inconformes, durante la organización de la rifa, en la que participaron alrededor de 180 folios, varios de los ganadores ya contaban con un folio previo, mientras que el resto de los ciudadanos acudieron apenas ese mismo día a intentar inscribirse, lo que generó una clara percepción de desventaja. Tras realizarse la rifa, los nombres que resultaron beneficiados corresponderían a funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Charcas, lo que para muchos evidenció que el proceso pudo haber estado previamente arreglado.
Entre los nombres mencionados por la ciudadanía se encuentran trabajadores municipales como Laura, identificada como responsable de la entrega de despensas; Rosario, Arlet, así como integrantes del denominado “comité ciudadano”. Sobre este último punto, los denunciantes aseguraron que dicho comité estuvo conformado por las mismas trabajadoras, sin permitir la participación de mujeres ciudadanas del municipio, lo que, afirman, dejó en evidencia la falta de imparcialidad y de representación social en el proceso.
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Otro de los principales cuestionamientos se centra en los requisitos del programa, particularmente el relacionado con no contar con seguridad social como el IMSS, condición indispensable para acceder a una vivienda de este tipo. Los ciudadanos consideran poco creíble que trabajadores activos del Ayuntamiento no cuenten con esta prestación laboral.
“Vivienda para el Bienestar” es un programa social federal impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), cuyo objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para familias de bajos ingresos, de hasta dos salarios mínimos, y para grupos vulnerables. El programa pretende otorgar subsidios para construir, mejorar o adquirir viviendas a precios accesibles, priorizando la justicia social y el desarrollo ordenado, mediante la meta de construir un millón de casas y realizar acciones de mejoramiento a través de la Producción Social de Vivienda Asistida.
Ante este contexto, habitantes de Charcas consideran que la asignación de viviendas a trabajadores del Ayuntamiento contradice el espíritu y los objetivos del programa, cuyo fin es apoyar a quienes más lo necesitan. Por ello, exigieron a las autoridades correspondientes una revisión exhaustiva del proceso, transparencia en la rifa de los folios y claridad sobre el cumplimiento de los requisitos.
