En el papel, la llamada Ley Gobernadora se vende como un avance en materia de paridad y alternancia de género; en el terreno político del Altiplano Potosino, sin embargo, empieza a leerse de otra manera. Aquí, más que una ley para equilibrar el poder, amenaza con convertirse en una cómoda Ley Esposa, diseñada no para abrir oportunidades, sino para reciclar apellidos, heredar cargos y mantener intactas las redes que han gobernado a varios municipios.
Matehuala es el mejor ejemplo de esta hipótesis. Raúl Ortega todavía tiene el derecho constitucional de buscar la reelección, pero ese derecho choca de frente con una realidad incómoda; su gobierno no ha entregado resultados y el descontento ciudadano ya no se disimula. En ese escenario, la alternancia de género aparece no como convicción democrática, sino como tabla de salvación. De acuerdo con versiones que circulan en la propia clase política local, la opción que se analiza no es un perfil ciudadano ni una figura fresca, sino su esposa, Zoraira Hernández, actual presidenta del DIF Municipal. No sería un cambio de proyecto, sino de escritorio, no una alternancia, sino una mudanza doméstica del poder. Ella, podría ser la carta del PAN, si el juego fuera individual.
La baraja en Matehuala no se queda ahí. También aparece Paula Méndez, esposa del exalcalde Iván Estrada, quien no sólo carga con un lastre importante que incluye escándalos por demás severos, sino con la cercanía política que su marido mantiene con la dirigencia estatal de Morena, partido que lo rescató luego de los escándalos en que se vio involucrado y lo obligaron a renunciar a la alcaldía.
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A esta lista se suma Carmen Jiménez, esposa del diputado local del Partido Verde, Tomás Zavala. Su nombre no es ajeno a la memoria colectiva de Matehuala. En 2019 fue beneficiada con una adjudicación directa de 13 millones de pesos para la compra de ocho camiones recolectores de basura, un episodio que dejó más preguntas que respuestas. Hoy, aparece como posible aspirante a la alcaldía, impulsada por el respaldo político de su esposo, quien, pese a su cercanía con altos funcionarios estatales, tampoco ha logrado despejar la percepción de pendientes y decisiones cuestionables. La paridad, en este caso, parece más un blindaje político que una apuesta por mejores gobiernos.
El fenómeno no se limita a Matehuala. En Charcas, Marisol Nájera ya no puede reelegirse y el vacío es evidente. No hay un perfil claro que se esté formando para sucederla y, aunque su círculo cercano asegura que buscará una diputación, en el propio municipio dudan que le alcance, no por falta de género, sino por un desgaste político que ya tiene al pueblo en contra.
En Cedral, el escenario es similar. Cinthia Segovia podría buscar la reelección, aunque su gobierno tampoco ha destacado por resultados contundentes. Lo curioso es que, mientras se habla de paridad, varios perfiles masculinos se preparan para competir. Y, como si el guion se repitiera, surge el nombre de Lupita de la Garza, esposa del exalcalde Howard Aguilar, quien estaría esperando la oportunidad de la revancha como candidata de Morena. Otra vez, la política entendida como asunto familiar.
En Catorce, Javier Sandoval encabeza un gobierno con más dudas que aplausos. Se menciona a su esposa, Denise Contreras, como posible candidata, aunque nada es definitivo. Lo que sí es claro es que hay otros perfiles con trayectoria electoral probada, como La Chiquis Carrillo, que ya sabe lo que es ganar elecciones y que, dicen, tiene sobre la mesa una oferta atractiva rumbo a 2027. Aquí, al menos, la disputa no está completamente cerrada por lazos matrimoniales.
La Ley Gobernadora, en teoría, busca evitar cacicazgos y promover la alternancia real. En la práctica, en el Altiplano Potosino corre el riesgo de institucionalizar algo peor: la continuidad por consanguinidad o por acta de matrimonio. No se trata de cuestionar la capacidad de las mujeres por el sólo hecho de serlo, eso sería mezquino y falso, sino de señalar cuando la paridad se usa como disfraz para perpetuar los mismos proyectos que ya demostraron sus límites.
Si la alternancia de género va a servir para cambiar gobiernos sin cambiar prácticas, para sustituir a alcaldes cuestionados por esposas con el mismo respaldo político y los mismos compromisos, entonces no estamos ante un avance democrático, sino ante una simulación elegante. En Matehuala y en buena parte del Altiplano, la pregunta no es si gobernará un hombre o una mujer, sino si alguna vez gobernará alguien que no llegue al cargo por herencia política. Porque, de otro modo, la Ley Gobernadora terminará siendo exactamente lo que muchos temen; una Ley Esposa, con perspectiva de familia, pero sin perspectiva de futuro.