Durante años, la presa La Maroma fue presentada como una de las soluciones estructurales más importantes para atender la crisis hídrica del Altiplano Potosino, una región marcada por la escasez de agua, la sobreexplotación de acuíferos y la dependencia casi absoluta de pozos profundos. El proyecto surgió como una obra estratégica destinada a la captación y almacenamiento de escurrimientos pluviales, con la finalidad de garantizar agua para uso agrícola, ganadero y, en menor medida, para consumo humano en municipios históricamente golpeados por la sequía.
La obra fue anunciada en distintos momentos por gobiernos estatales y federales como parte de planes de desarrollo regional y de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica. En su planteamiento original, La Maroma se concebía como una presa de almacenamiento que permitiría reducir la presión sobre los mantos acuíferos y dotar de mayor seguridad hídrica a la zona norte del estado. Incluso se realizaron estudios preliminares y se anunciaron inversiones, lo que generó expectativas entre productores y habitantes del Altiplano.
Pese a ser altamente necesario, el proyecto nunca logró consolidarse. En 2019, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó la suspensión de la construcción, tras detectar inconsistencias técnicas y administrativas entre el proyecto autorizado y lo que había sido licitado. De acuerdo con información oficial, el expediente técnico presentaba diferencias sustanciales que impedían garantizar la viabilidad y legalidad de la obra, lo que llevó a detener cualquier avance.
A ello se sumaron conflictos legales, entre ellos amparos promovidos por ejidatarios, así como cuestionamientos sobre la planeación del proyecto, su impacto ambiental y la disponibilidad real de agua suficiente para justificar la construcción de una presa de esa magnitud. Con el paso de los meses, la obra quedó en pausa y, finalmente, en 2020, Conagua notificó de manera formal la cancelación definitiva del proyecto, al considerar inviable su continuación bajo las condiciones existentes.
La cancelación dejó al descubierto una serie de irregularidades y vacíos, así como presuntos desvíos de recursos públicos. Al final, para disimular, un pequeño porcentaje de esos fondos se destinó a infraestructura que quedó inconclusa o sin utilidad práctica, obras complementarias que no podían operar sin la presa principal. Esto convirtió a La Maroma en un referente de planeación fallida y en un ejemplo de cómo la falta de continuidad administrativa, supervisión técnica y claridad presupuestal puede traducirse en obras inconclusas y recursos desperdiciados.
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Pese a ello, el proyecto nunca desapareció del todo del debate público. Legisladores locales, autoridades estatales y actores políticos han insistido en la necesidad de rescatar o replantear La Maroma, argumentando que el Altiplano no puede seguir dependiendo exclusivamente de pozos cada vez más profundos y costosos. Desde el Congreso del Estado se ha señalado que abandonar definitivamente el proyecto sería condenar a la región a una crisis hídrica permanente.
No obstante, desde el ámbito federal también se ha advertido que legalmente no es posible retomar el proyecto en los términos originales, debido a su cancelación formal y a los procesos administrativos y jurídicos que lo rodean. Incluso, se ha planteado que cualquier intento de reactivación implicaría empezar prácticamente desde cero; nuevos estudios hidrológicos, análisis de impacto ambiental, acuerdos sociales y una reingeniería completa del proyecto.
En años recientes, han surgido versiones sobre una posible reactivación hacia 2026, aunque las propias autoridades han reconocido que, por ahora, no existe un proyecto ejecutivo ni recursos asignados. Lo que hay, en el mejor de los casos, es la intención de revisar la viabilidad de nuevas alternativas o de replantear soluciones hídricas distintas a la presa original.
Mientras eso se define, el Altiplano Potosino sigue enfrentando una crisis de agua recurrente, agravada por el cambio climático, la disminución de lluvias y la sobreexplotación de acuíferos. Cada año, productores agrícolas y ganaderos enfrentan pérdidas, comunidades padecen cortes o tandeos, y los municipios recurren a soluciones temporales que no resuelven el problema de fondo.
La historia de La Maroma refleja, más allá de un sólo proyecto, la urgente necesidad de una política hídrica integral para el Altiplano, basada en planeación técnica, transparencia, consenso social y continuidad institucional. Sin infraestructura de captación, almacenamiento y distribución adecuada, la región seguirá vulnerable ante cada temporada de estiaje.
Hoy, La Maroma es recordada como una obra que prometía aliviar una necesidad histórica y que terminó convertida en símbolo de promesas incumplidas. Su caso deja una lección clara: sin proyectos sólidos y sin voluntad real para ejecutarlos correctamente, la crisis del agua en el Altiplano no sólo persistirá, sino que se profundizará con el paso del tiempo.
