No aparece en manuales, no está autorizada por ninguna ley y nadie la reconoce de manera oficial, pero en la carretera federal 57 parece operar una tarifa extraoficial que muchos ya conocen demasiado bien: 40 dólares por pasajero. No es un cobro administrativo ni una sanción legal. Es, según múltiples testimonios, el precio de seguir avanzando sin contratiempos frente a la autoridad encargada de brindar seguridad.
El episodio más reciente se registró en las inmediaciones de Matehuala, a la altura del Trópico de Cáncer, cuando un autobús que se dirigía a Houston fue detenido por elementos de la Guardia Nacional. La revisión, presentada como rutinaria, se extendió por más de tres horas. Durante ese tiempo, los pasajeros permanecieron dentro de la unidad sin acceso a agua ni alimentos y sin recibir una explicación clara sobre el motivo de la retención.
El mensaje, sin embargo, fue directo. De acuerdo con los denunciantes, se les informó que, de reunir 40 dólares por cada pasajero, el autobús podría continuar su trayecto sin ser inspeccionado. De lo contrario, la unidad sería sometida a una revisión exhaustiva. La disyuntiva no dejaba margen, pagar o enfrentar las consecuencias.
El contexto agrava el hecho. Se trataba de paisanos que regresaban a Estados Unidos, muchos de ellos adultos mayores, personas que ya habían sido revisadas y que cumplían con todos los protocolos migratorios y de seguridad. No había indicios de irregularidades ni razones evidentes para una detención prolongada. Aun así, la retención ocurrió y la presión se mantuvo.
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A lo largo de la carretera 57, una de las principales rutas hacia la frontera norte, se repiten las mismas historias. Retenes que aparecen en puntos estratégicos, revisiones sin fundamento claro y una práctica que se ha vuelto casi predecible, la exigencia de dinero para evitar problemas mayores. En ese escenario, pagar se convierte en una forma de autoprotección.
Las acusaciones apuntan más arriba. Los afectados señalan al delegado de la Guardia Nacional, Rafael Guzmán Guzmán, como responsable de los operativos que permiten este tipo de abusos. No hablan de excesos aislados ni de “manzanas podridas”, sino de una dinámica tolerada desde la estructura de mando, donde la impunidad parece estar garantizada.
La gravedad del asunto va más allá del robo. Cuando una corporación federal es percibida como una amenaza, el daño se instala en el terreno de la confianza pública. La Guardia Nacional, concebida como una fuerza para pacificar y proteger, es vista en estas carreteras con miedo, especialmente por los migrantes, uno de los sectores más vulnerables.
Hay, además, un componente perverso que se repite en los relatos, cuando alguien se niega a pagar o es “seleccionado” para la revisión, suelen aparecer objetos o sustancias ilícitas de manera casi milagrosa. La coincidencia es tan constante que ya no sorprende, indigna, porque sugiere no solo extorsión, sino la posible fabricación de delitos.
Frente a este panorama, la respuesta institucional es nula. No se conocen investigaciones internas, no se anuncian sanciones, no hay posicionamientos públicos. El silencio se prolonga mientras las denuncias se acumulan. Y ese silencio, en los hechos, termina legitimando el abuso.
Mientras tanto, los paisanos siguen cruzando San Luis Potosí con temor. Esos mismos migrantes a los que se les llama héroes nacionales en los discursos oficiales, los que sostienen comunidades enteras con remesas, son tratados en la práctica como botín de carretera. Llegan a Estados Unidos con menos dinero, más desconfianza y la amarga certeza de que, en su propio país, la ley no siempre juega de su lado.
Tal vez ha llegado el momento de revisar quién vigila a quienes dicen vigilar. Porque cuando transitar por una carretera federal implica pagar una cuota ilegal para evitar abusos, el problema deja de ser operativo, se convierte en un síntoma claro de un país que está fallando donde más debería proteger.
Hasta la próxima con más tiempo.
