Hay decisiones administrativas que revelan el verdadero rostro de un gobierno más que cualquier discurso. La actuación de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí frente al personal médico del programa Salud Casa por Casa es una de ellas. No se trata de un error menor ni de un simple detalle técnico; es la violación abierta de derechos laborales y un atropello directo a la dignidad de profesionales de la salud que, durante semanas, recorrieron colonias, comunidades y calles polvorientas intentando hacer funcionar un programa federal mal diseñado desde su origen.
Porque conviene decirlo sin rodeos, pues resulta que al personal médico se le pidió compromiso, vocación y entrega. Se les exigió caminar miles de casas, atender adultos mayores, levantar censos, aplicar revisiones y sostener, con su trabajo, una política pública que el Gobierno Federal no supo estructurar correctamente. Cumplieron. Y después, con una ligereza insultante, se les negó el pago. Trabajaron y no cobraron. Así, sin más.
La Secretaría del Bienestar no sólo incumplió, se deslindó. Se escondió detrás de tecnicismos, de migraciones de sistema, de explicaciones burocráticas que no pagan la renta ni llenan el refrigerador. Durante semanas dejó en la incertidumbre total a personas que son madres, padres, jefas y jefes de familia, profesionales que dependen de su salario para poner el pan en la mesa. La vocación no sustituye al sueldo, y la empatía institucional no se demuestra con discursos, sino con depósitos puntuales.
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Este miércoles 4 de febrero, el cinismo alcanzó su punto más alto cuando, después de denuncias públicas y presión mediática, el delegado del Bienestar, Guillermo Morales López, salió a reconocer el problema. Pidió disculpas, prometió que el asunto ya se está atendiendo y aseguró que pronto se resolverá. Palabras. Sólo palabras, pues no hay evidencia clara, fechas concretas ni garantías reales de que el dinero llegará. En política pública, reconocer un error sin corregirlo de inmediato no es responsabilidad, es simulación y eso se le da muy bien a la 4T.
El problema, sin embargo, no termina en una delegación. En San Luis Potosí, todo lo que huela a Gobierno Federal tiene una jefa real; Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena. Su poder político contrasta con su silencio administrativo y capacidad de gestión. Porque, si realmente es la operadora y gestora de los asuntos federales en el estado, resulta incomprensible (o quizá muy comprensible) que no haya sido capaz de intervenir, gestionar o, al menos, dar la cara ante una crisis que exhibe el funcionamiento interno de la llamada “transformación”. Mucho control político, poca capacidad de resolución.
Este caso no es sólo un tropiezo operativo, es una muestra clara de cómo se concibe al trabajador desde el poder. Se le usa mientras es útil, se le ignora cuando estorba y se le pide paciencia cuando exige lo que por derecho le corresponde. En un gobierno que presume poner a los pobres primero, resulta irónico que quienes terminan pagando los errores estructurales sean trabajadores de la salud.
El reclamo del personal médico es simple y profundamente justo: reconocimiento, pago y respeto. No aplausos. No promesas. No excusas técnicas. El salario no es un favor, es una obligación legal y moral.
En fin. En este mundo fantástico de la 4T, queda claro que, cuando el amor al trabajo se responde con ingratitud institucional, la factura la pagan quienes menos lo merecen. Por desgracia, amor con ingratitud se paga.
Cavilaciones
Primera: Hay un programa de colocación de cámaras de seguridad en carreteras, fundamentalmente en la San Luis-Matehuala y en la San Luis-Zacatecas. Reportes a la vista de este felino señalan que el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, es el encargado de este circuito. Los contratistas dicen que si como exige pagara, otro gallo le cantara ¡Miau!
Segunda: El plan de COBACH para blindar la seguridad de los estudiantes en los planteles es una buena acción. Hace algunos días, la comunidad vivió un episodio muy lamentable; dos jóvenes alumnos acudieron a una fiesta de quince años y, en condiciones que todavía no quedan claras, a sangre fría, uno de ellos sacó una pistola y le quitó la vida a su compañero. Daniel Centeno se ha anticipado bajo el principio de que vale más prevenir que lamentar. La población estudiantil del COBACH, por décadas, ha tenido muy buena reputación, así que Centeno hace bien en blindar los planteles.
Tercera: Cuentan que personal del Hospital Central organiza una «bienvenida» a la presidenta Claudia Sheinbaum que viene el fin de semana a inaugurar la Universidad Rosario Castellano. Sólo piden una cosa: Insumos para trabajar ¡Ups! A ver si no se enoja, doña Clau.
