La muerte de una niña de 11 años en el Hospital General de Matehuala no es una tragedia aislada ni un hecho fortuito. Es, más bien, la consecuencia previsible de un sistema de salud que lleva años enfermo y al que las autoridades se han limitado a recetar discursos, promesas y simulaciones, mientras el paciente, la ciudadanía, se agrava.
Desde hace años se denuncian las mismas carencias; hospitales sin insumos, clínicas sin personal suficiente, ambulancias que no llegan, especialistas ausentes, trámites burocráticos que pesan más que la urgencia médica. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es que, pese a que las alertas han sido constantes y públicas, el deterioro no se detiene, al contrario, se profundiza.
No sólo han hablado los pacientes y sus familias. En múltiples ocasiones, médicos, enfermeras y personal administrativo han salido a dar la cara para advertir que trabajan en condiciones precarias, sin herramientas, sin medicamentos y, muchas veces, sin respaldo institucional. Han denunciado la sobrecarga laboral, la falta de presupuesto y la improvisación. Y, sin embargo, nadie parece haber tomado cartas reales en el asunto. Las denuncias se archivan, se minimizan o se diluyen en comunicados optimistas.
El resultado está a la vista; personas que mueren no porque su padecimiento fuera necesariamente mortal, sino porque el sistema no fue capaz de responder a tiempo. Muertes que no deberían ocurrir en un país que presume avances, pero que sigue dejando a su población más vulnerable a la deriva.
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La omisión gubernamental no es neutra, tiene consecuencias. Cada vez que se posterga una inversión, cada vez que se tolera la falta de insumos, cada vez que se normaliza la ausencia de ambulancias o especialistas, se pone en riesgo directo a la población. Y ese riesgo no es parejo, lo cargan, sobre todo, quienes no tienen recursos para pagar una clínica privada ni para costear cirugías que, en teoría, deberían ser garantizadas por el Estado.
Resulta inevitable contrastar esta realidad con la narrativa oficial que insiste en que el sistema de salud mexicano ya supera al de Dinamarca. Tal vez en los discursos. Tal vez en las conferencias, pero no en los pasillos de los hospitales, donde la escasez es cotidiana y la incertidumbre permanente. Ahí, la simulación no cura, no salva y no reanima.
La gravedad del problema no admite más maquillajes ni comparaciones triunfalistas. Urge reconocer que el sistema de salud va de mal en peor y que las políticas públicas han sido insuficientes o, en el peor de los casos, indiferentes. Urge escuchar a quienes trabajan dentro de los hospitales y a quienes sufren sus carencias. Urge actuar antes de que otra muerte vuelva a ser explicada como un caso aislado.
Si se siguen ignorando las advertencias, las tragedias dejan de ser sorpresivas y e vuelven responsabilidad directa de quienes, teniendo la obligación de prevenirlas, prefirieron mirar hacia otro lado.
Cavilaciones
Primera: Tan mal andan en el Gobierno Federal que están “capacitando” a servidores de la nación para que atiendan el problema del gusano barrenador en la Zona Huasteca. Se sabe que son ineptos, pero ahora se empeñan en destacar la ignorancia. Lo que se ocupa son médicos veterinarios. En el afán de fingir que trabajan, están poniendo en riesgo a los muchachos. Este felino les pide un poco de sentido común ¡Grrrrr!
Segundo: Dicen que hay en Guadalajara una clínica VIP que recibe con mucho agrado la visita de un político del Potosí que, cansado de ser prietito, busca que le aclaren la piel. Les dejo el nombre de tarea ¡Miau!
Tercera: Jesús Guille Martínez Martínez, delegado de SEDATU, junto con el delegado del Bienestar, Guillermo Morales, Juan José Deveza Méndez, delegado regional de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y Francisco Adán Romero Esparza, del Infonavit, no sólo salieron buenos para las tranzas. Los delegados del Gobierno Federal son, además, trompudos y ya se andan picando los ojos entre ellos. Son tan avariciosos que les falta medio segundo para comerse unos a otros. Esperen noticias.