En el Altiplano potosino la esperanza viaja en una camioneta desgastada, con llantas viejas y un motor que a veces no quiere encender. Es el único vehículo con el que la Comisión Estatal de Búsqueda intenta recorrer 15 municipios, decenas de comunidades y cientos de kilómetros de brechas donde se han perdido hijos, hermanas, padres y amigos. Hasta hace poco solo tres personas estaban a cargo de esa tarea titánica; recientemente llegó una cuarta, transferida desde Rioverde. Con eso, y casi nada más, se enfrenta una de las tragedias humanas más dolorosas de la región.
Cuando hay varios reportes al mismo tiempo se debe elegir a dónde ir primero. Con frecuencia piden apoyo a la zona Centro porque el personal del Altiplano simplemente no alcanza. Aun así, las denuncias ciudadanas revelan una realidad cruda, esta región ocupa el último lugar en las prioridades de búsqueda del estado. Primero se atiende la zona Centro, luego la Huasteca, después la Media y, si queda tiempo y recursos, se mira hacia el Altiplano.
La Comisión depende de la Secretaría General de Gobierno que encabeza J. Guadalupe Torres Sánchez, pero para las familias el apoyo institucional se siente lejano. “Aquí parece que nuestros desaparecidos valen menos”, dice una madre buscadora que ha recorrido cerros con una pala y una foto plastificada de su hijo. El presupuesto es insuficiente, no hay equipo especializado y la mayor parte de los rastreos se sostienen gracias a la voluntad de los colectivos.
A la precariedad de la Comisión se suma la Vicefiscalía del Altiplano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado deficiencias en la atención a víctimas y en el manejo de denuncias. El nombre de Pedro Martínez Perales, delegado regional, se repite entre los reclamos, familias lo acusan de omisión, de puertas cerradas y de expedientes que duermen el sueño de los olvidados.
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Historias se acumulan. Madres que pasan días esperando que alguien les tome una declaración, esposas a las que les piden volver “mañana”, jóvenes cuyos nombres quedan atrapados en carpetas sin avances. Muchos operativos de búsqueda se realizan sin la presencia de la Fiscalía; son las propias familias las que marcan el paso, las que aprenden a leer la tierra y a no cerrar los ojos ante lo impensable.
En el Altiplano la Comisión de Búsqueda trabaja casi a ciegas, sin herramientas tecnológicas, sin personal suficiente, sin vehículos dignos. La camioneta vieja se ha vuelto símbolo de una Secretaría General rebasada. Mientras tanto, las madres buscadoras se organizan para hacer lo que la autoridad no alcanza, caminar, preguntar, excavar, nombrar a quienes ya no están.
Cada mes se suman nuevos reportes de jóvenes, mujeres y jornaleros que no regresan a casa. Sin un diagnóstico real y sin fortalecer a las instituciones locales, advierten especialistas, el problema seguirá creciendo en silencio. Las familias no piden imposibles. Piden ser escuchadas, que sus denuncias se tomen con urgencia, que haya personal suficiente y que la vida de sus seres queridos importe tanto como la de cualquier otra región del estado.
Hasta ahora, ni la Secretaría General de Gobierno ni la Vicefiscalía del Altiplano han respondido a los señalamientos. En las comunidades, sin embargo, la espera continúa. Y cada amanecer, la vieja camioneta vuelve a salir al camino cargando algo más pesado que palas y expedientes, la esperanza terca de encontrar a quienes faltan.
