Febrero volvió a encender las alertas en el Altiplano Potosino y lo hizo con fuerza. Apenas iniciado el mes, los incendios de pastizales y forestales comenzaron a multiplicarse en distintos puntos de la región, dejando en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad del territorio y la falta de una estrategia integral para atender un problema que se repite año con año. Municipios como Salinas, Santo Domingo, Charcas, Ahualulco y, en fechas recientes, Mexquitic de Carmona, han enfrentado siniestros de consideración que han requerido la intervención de brigadas municipales, cuerpos de emergencia y, en muchos casos, del apoyo voluntario de la propia población.
El comportamiento no es atípico ni sorpresivo. De acuerdo con estadísticas históricas de dependencias como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Altiplano Potosino se mantiene entre las regiones del estado con mayor incidencia de incendios, particularmente durante los meses de febrero a mayo, cuando la combinación de sequía prolongada, altas temperaturas, vegetación seca y fuertes vientos crea el escenario perfecto para la rápida propagación del fuego. En temporadas recientes, se han registrado cientos de incendios anuales en esta zona, con afectaciones que, en conjunto, superan miles de hectáreas de pastizal, matorral y áreas forestales.
Municipios como Charcas, Salinas, Guadalcázar, Catorce y Santo Domingo figuran de manera recurrente entre los más afectados. En algunos años, un solo incendio ha llegado a consumir decenas o incluso cientos de hectáreas, generando pérdidas ambientales severas y un desgaste constante de los recursos humanos y materiales destinados a la atención de emergencias. A ello se suma que una proporción significativa de estos siniestros tiene origen humano, ya sea por quemas agrícolas mal controladas, el abandono de fogatas, colillas de cigarro o incluso acciones intencionales, factores que agravan un problema que podría prevenirse.
Lo más preocupante es que, pese a tratarse de un fenómeno cíclico y ampliamente documentado, no existe un plan claro y sostenido por parte de las autoridades competentes para atender el problema de fondo. Cada temporada se repite el mismo esquema: reacción tardía, combate del fuego con recursos limitados y, una vez sofocadas las llamas, ausencia de acciones preventivas. La coordinación entre municipios, el estado y la Federación suele ser insuficiente, mientras que la capacitación comunitaria y la vigilancia en zonas de riesgo siguen siendo tareas pendientes.
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El riesgo no se limita al impacto ambiental. En varios puntos del Altiplano, las llamas se han acercado peligrosamente a comunidades, rancherías y zonas habitadas, obligando a desplegar operativos de emergencia para proteger viviendas y salvaguardar a la población. Paralelamente, la fauna silvestre y la vegetación nativa sufren daños irreversibles. Cada incendio implica la pérdida de hábitats, la muerte de especies animales y la degradación del suelo, que queda expuesto a procesos de erosión y tarda años en recuperarse.
Especialistas han advertido que el cambio climático ha intensificado las condiciones de sequía y calor extremo, lo que incrementa tanto la frecuencia como la severidad de los incendios, sin embargo, estas advertencias no siempre se traducen en políticas públicas efectivas. La normalización del problema y su constante minimización han generado una peligrosa inercia institucional, en la que los incendios se asumen como un fenómeno inevitable y no como un riesgo prevenible.
Ante este panorama, resulta indispensable que las autoridades de los distintos niveles de gobierno actúen de manera coordinada y decidida. Protección Civil, CONAFOR, los ayuntamientos y las dependencias estatales deben fortalecer no sólo la capacidad de respuesta, sino las acciones de prevención, monitoreo y sanción. La implementación de brigadas rurales permanentes, campañas de concientización y vigilancia oportuna en zonas críticas podría marcar la diferencia.
Los incendios en el Altiplano Potosino no son una novedad ni una fatalidad. Son el reflejo de omisiones acumuladas y de la falta de una política integral frente a un riesgo que crece cada año. Mientras no se asuma la magnitud del problema y se actúe con seriedad, febrero seguirá siendo el inicio de una temporada de fuego que amenaza tanto al entorno natural como a la seguridad de miles de familias en esta región del estado.
