En el Congreso del Estado, se impulsa una propuesta que, de aprobarse, cambiaría de manera sustancial el papel de la Guardia Civil Estatal. La intención, dicen, es otorgarle facultades formales de investigación del delito, es decir, que deje de limitarse a la prevención, patrullaje y puesta a disposición de detenidos, para asumir funciones que tradicionalmente han correspondido a la Fiscalía General del Estado.
En términos teóricos, suena lógico. Si el policía es el primero en responder, ¿por qué no permitirle profundizar en la investigación? ¿Por qué no fortalecer su capacidad para integrar elementos que robustezcan las carpetas y eviten que los casos se diluyan? En un país donde la impunidad ronda niveles alarmantes, cualquier iniciativa que prometa mayor eficacia parece bienvenida.
El contexto nacional ya tiene antecedentes en la materia. Desde la reforma constitucional de 2008, México apostó por un modelo acusatorio en el que la investigación quedó bajo conducción ministerial, con policías de investigación especializadas. En paralelo, las policías preventivas han sido presionadas para profesionalizarse, certificarse, capacitarse en cadena de custodia y protocolos, sin embargo, la brecha entre el diseño legal y la realidad operativa sigue siendo amplia.
En San Luis Potosí, la Guardia Civil nació con la promesa de ser un cuerpo renovado, mejor equipado y más cercano a la ciudadanía. Se le dotó de nuevas patrullas, uniformes, tecnología y un discurso de modernización institucional. Se han dado algunos esfuerzos por dignificar salarios, reforzar capacitación y depurar elementos.
Todo eso es cierto y debe reconocerse, pero también es cierto que la corporación arrastra deficiencias como rotación constante, cuestionamientos por actuaciones polémicas, áreas con capacitación insuficiente y episodios que han erosionado la confianza pública. El reciente y penoso episodio en el Mercado de Abastos, que volvió a colocar a la institución bajo la lupa, es prueba de que aún hay fallas operativas y de coordinación que no pueden minimizarse.
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Investigar no es sólo levantar entrevistas o asegurar indicios. Implica técnica jurídica, conocimiento procesal, manejo escrupuloso de evidencia, peritajes, trazabilidad de información, integración sólida de datos de prueba. Una mala actuación no sólo entorpece un caso, lo derrumba. Y en el sistema de justicia que nos rige, los errores se pagan con libertades absolutorias.
Basta recordar casos en los que detenciones espectaculares terminaron desmoronándose ante un juez por fallas en la cadena de custodia o inconsistencias en los informes policiales. No se trata de cuestionar la intención, sino la preparación. Convertir a una policía preventiva en investigadora no es cuestión de decreto, requiere inversión sostenida, especialización real y controles internos robustos.
Sería ingenuo pensar que la sola ampliación de atribuciones mejorará la eficacia. De hecho, podría generar una peligrosa duplicidad con la Fiscalía o, peor aún, zonas grises de responsabilidad. Si hoy ya existen retos de coordinación interinstitucional, añadir más competencias sin una arquitectura clara podría convertirse en un laberinto jurídico.
Lo que San Luis Potosí necesita no es únicamente una Guardia Civil con más facultades, sino una Guardia Civil con mejores capacidades. Capacitación continua en técnicas de investigación, unidades especializadas en todo tipo de delitos, protocolos estrictos de actuación, supervisión independiente y rendición de cuentas efectiva. Recursos, sí, pero también evaluación.
La seguridad pública es un tema altamente sensible y legítimamente demandado por la ciudadanía. Ante tantos episodios que han lastimado la percepción pública, la prioridad debería ser consolidar lo básico: profesionalismo, legalidad, confianza. Tal vez la discusión no deba centrarse en si la Guardia Civil puede investigar, sino en si está lista para hacerlo sin que el remedio resulte peor que la enfermedad.
Cavilaciones
Primera: Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local de Morena, ha levantado la mano para convertirse en candidato a la PresidenciaMunicipal de la capital potosina. Equipo tiene y hay que decir que su padre, Salomón Rosas, sabe cómo se hacen las elecciones. No la tiene fácil el partido oficial, pero se pone interesante la selección de candidato. Todos se ven musculosos, pero sólo hay un lugar.
Segunda: Hace algunos días, los más importantes empresarios se reunieron con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Para nadie es un secreto que hay dos grupos dominantes entre los señores del dinero. En la imagen, los líderes de los bandos aparecen en extremos opuestos. Si no tienen la foto, este felino se las comparte y, de paso, les puedo contar qué se habló en el encuentro ¡Miau!
Tercera: ¿A qué le tendrá miedo el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, quien, sin recato alguno, coartó la liberta de expresión de los docentes potosinos? Yo creo que no quiere que critiquen su pésimo desempeño, pero también sospecho que teme que algo salga a la luz. Ya ando investigando ¡Grrr!
