En México, se ha perfeccionado el arte de detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos sin necesidad de castigarlas. Cada año, los informes de fiscalización nos entregan cifras puntuales, montos millonarios y conceptos técnicos que suenan graves: probable daño a la Hacienda Pública, falta de comprobación, recursos no devengados. El diagnóstico suele ser claro. El tratamiento, en cambio, permanece en estado experimental permanente.
El caso reciente del alcalde de Catorce, Javier Sandoval, conocido como El Gudy, es apenas una muestra. Más de 53 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación en un municipio pequeño del Altiplano Potosino no son una cifra menor. No es una diferencia contable sin importancia. Es un monto que, en una región con profundas carencias, equivale a oportunidades perdidas de desarrollo, infraestructura y servicios básicos.
Conviene aclararlo; no se trata de una sentencia firme ni de una condena automática. En el lenguaje técnico, son observaciones que deben solventarse. El problema es que el proceso de solventación se ha convertido en un espacio cómodo donde las responsabilidades se diluyen. Se envían aclaraciones, se prometen documentos, se abren plazos y el tiempo, generoso con los funcionarios, termina por suavizar el escándalo.
Sería un error suponer que el municipio de Catorce es un caso aislado. No lo es. En el Altiplano, en la Zona Media, en la Huasteca y en el Centro estado, las historias se repiten con distintos protagonistas. Tampoco es un fenómeno exclusivo de San Luis Potosí. Es un patrón nacional. Cambian los partidos en el poder, cambian los discursos anticorrupción, cambian los lemas de campaña. Las observaciones, sin embargo, permanecen como una constante institucional.
Lo verdaderamente inquietante no es que existan anomalías, pues ningún sistema administrativo es perfecto, sino que rara vez se traduzcan en consecuencias ejemplares. Resulta difícil señalar un solo alcalde en tiempos recientes, no sólo potosino sino en todo México, que haya enfrentado la justicia penal de manera contundente a partir de observaciones de auditoría por desvío o mal manejo de recursos públicos. Las sanciones administrativas, cuando existen, suelen ser tardías o menores. Las penales, excepcionales.
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La ironía es inevitable; contamos con órganos fiscalizadores que hacen su trabajo técnico, elaboran informes detallados y exhiben cifras precisas. Sabemos cuánto se observó, en qué fondo, en qué ejercicio fiscal y en qué municipio. Lo que no vemos es el cierre del círculo, la recuperación del dinero, la inhabilitación efectiva, la reparación del daño, la sentencia firme. Las auditorías parecen diagnósticos sin medicina.
Y mientras tanto, ¿qué ocurre en el territorio? En el Altiplano potosino, las comunidades siguen enfrentando rezagos en agua potable, drenaje, caminos rurales, equipamiento de salud, apoyo al campo y servicios básicos. Cada peso que no se aplica correctamente es una obra que no se concluye, una necesidad que no se atiende, una familia que sigue esperando. En municipios con presupuestos limitados, 53 millones de pesos no son una cifra abstracta, son desarrollo tangible que simplemente no llegó.
El daño no es sólo financiero, es profundamente social y moral. Se erosiona la confianza ciudadana, se normaliza la sospecha permanente sobre las autoridades y se envía un mensaje peligroso en el sentido de que el riesgo de administrar mal los recursos públicos es bajo y el costo, manejable. En ese contexto, la corrupción deja de ser un escándalo para convertirse en rutina.
Tal vez el mayor problema no sea la existencia de observaciones, sino la costumbre de convivir con ellas. Nos hemos acostumbrado a leer montos millonarios como si fueran parte del paisaje informativo. Nos indignamos unos días y luego pasamos a la siguiente noticia. La institucionalidad cumple con señalar, la política rara vez cumple con sancionar.
Si las observaciones no desembocan en responsabilidades claras, si los probables daños no se convierten en reparaciones efectivas, la fiscalización termina siendo un ejercicio académico. Y los municipios, especialmente los más vulnerables como los del Altiplano, siguen pagando el costo de una impunidad que ya no sorprende, pero sí lastima.
Al final, el dinero público no es un concepto técnico. Es el recurso de todos. Y cada vez que se observa, pero no se castiga, el mensaje es claro: en México, desviar puede ser grave en el papel, pero rara vez en la realidad.
