A diario, se difunden nuevas fichas de búsqueda de personas que han desaparecido en varios municipios del Altiplano potosino, lo mismo niños que jóvenes o adultos, tanto que la desaparición de alguien, o de muchos, se ha convertido en un motivo de alta preocupación para familias y comunidades enteras. La impresión de que cada día alguien más entra en el listado de “no localizado” se entrelaza con la experiencia cotidiana de quienes ven pasar, una y otra vez, fichas compartidas en redes sociales y grupos de mensajería, casos que, en su mayoría, quedan sin resolverse de manera definitiva.
Algunas veces, las menos, se informa que se localizó a una persona, generando alivio momentáneo para quienes buscan, pero en la gran mayoría de los casos el seguimiento se diluye. La ausencia de respuestas concretas convierte al fenómeno en algo casi común en la región del Altiplano potosino.
Las cifras oficiales y los análisis de organizaciones especializadas ofrecen una dimensión más completa de esta crisis: en México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumula cifras que superan los 100 mil casos desde décadas atrás y muestran aumentos constantes en los últimos años, con un enfoque preocupante en años recientes. A nivel nacional, periodos recientes han registrado más de 10 mil desapariciones reportadas en un solo año, siendo 2023 uno de los más altos en la historia reciente del país.
El estado de San Luis Potosí no está aislado de esta tendencia. Informes de organismos civiles como Data Cívica muestran que entre 2006 y 2025 se registraron cifras equivalentes a 348 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes en la entidad, un incremento exponencial en comparación con períodos anteriores e incluso un porcentaje de crecimiento mayor que el de entidades reconocidas por sus crisis de desaparición como Jalisco o Nuevo León.
Aunque a principios de 2025 se informó una reducción en los casos registrados en el estado, con una disminución cercana al 41 por ciento, al compararse 2024 con 2023 en el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, esta aparente mejora no debería leerse como un triunfo claro, ya que las organizaciones civiles advierten que podría estar vinculada a métodos de registro y depuración de datos oficiales más que a un descenso real de la incidencia. Incluso, sondeos más recientes señalan que entre 2024 y 2025 las desapariciones en San Luis Potosí tuvieron un aumento de alrededor del nueve por ciento, con más de mil casos reportados en ese período.
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En el Altiplano potosino, la situación preocupa aún más. El municipio de Matehuala se ha identificado como un punto crítico, con más de 300 desapariciones registradas en la última mitad de la década y alrededor de 159 casos que continúan sin resolverse, muchos de ellos jóvenes y migrantes, en una zona marcada por su ubicación estratégica en la Carretera 57, utilizada por criminales para operar con mayor facilidad. La incidencia en municipios como este revela que la desaparición no es un fenómeno aislado ni circunscrito a casos particulares, sino una realidad que ha arraigado en territorios específicos.
El contraste con otros estados muestra, por un lado, que entidades como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz mantienen los mayores registros absolutos de personas desaparecidas en todo el país, concentrando casi la mitad de los casos totales. Por otro lado, estados más pequeños o con menores niveles de violencia organizada, como Campeche o Yucatán, presentan cifras significativamente menores. San Luis Potosí se ubica en un punto intermedio en el espectro nacional; no está entre las entidades con más casos del país, pero sus índices por cada cien mil habitantes y el aumento progresivo en los últimos años lo sitúan en una posición preocupante.
La resolución de estos casos es desigual. Aunque la Fiscalía General del Estado reporta periódicamente localizaciones de personas con ficha de búsqueda y muestra algunos resultados de su labor investigativa, como cientos de personas localizadas durante ciertos periodos, el seguimiento integral a cada caso sigue siendo insuficiente. Incluso cuando se logra localizar a alguien, la información disponible sobre el estado de la investigación, las circunstancias de la desaparición o los avances en la identificación y sanción de responsables suele ser escasa o confusa, generando desconfianza entre las familias afectadas.
La falta de resultados claros y la percepción de impunidad se entrelazan con un subregistro crónico y problemas metodológicos en los sistemas de información oficiales, lo que en muchos casos distorsiona la percepción real de la magnitud del problema. Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado que una reducción en cifras oficiales no siempre equivale a una mejora real de la situación, sino que puede reflejar ajustes técnicos o cambios en la forma en que se registran los casos, dejando en la sombra a muchas personas que siguen sin ser encontradas.
En medio de estos datos está la experiencia humana; nombres, rostros y familias que viven con la incertidumbre diaria de no saber qué ocurrió con sus seres queridos. La percepción común de que las desapariciones son cada vez más frecuentes y menos resueltas en el Altiplano potosino no surge del vacío, sino de una acumulación de reportes, cifras oficiales y experiencias de quienes aún buscan respuestas. Frente a esta realidad, la necesidad de reforzar la búsqueda, mejorar los mecanismos de investigación, garantizar la transparencia en los datos y ofrecer acompañamiento real a las familias afectadas no es solo urgente, sino indispensable para devolver algo que no tiene precio: la certeza de saber qué pasó con quienes faltan.
