En el Altiplano potosino hay personajes que se niegan a pasar a la historia. Se jubilan, se despiden en actos protocolarios, reciben reconocimientos institucionales, pero siguen moviendo piezas como si nunca hubieran soltado el escritorio. El nombre de Julián Espinosa Sánchez es uno de esos que, pese al paso del tiempo y a los escándalos, continúa apareciendo cuando se habla de conflictos internos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), particularmente en la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano (UAMRA).
Su carrera comenzó a edad temprana. Nunca fue identificado como un perfil académico sobresaliente ni como un estratega brillante, pero sí como alguien con habilidad para acomodarse en los espacios de poder. Su cercanía con Marío García Valdez, cuando él encabezaba la universidad, le permitió posicionarse en momentos clave. Más que destacar por propuestas o logros académicos, supo insertarse en las dinámicas donde se tomaban decisiones presupuestales y administrativas.
El verdadero impulso llegó cuando a nivel federal se abrió la oportunidad de ampliar la cobertura universitaria en distintas regiones del país. En ese contexto surgió la actual Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, un proyecto que fue posible gracias a la gestión de comités ciudadanos y al respaldo político del entonces gobernador Marcelo de los Santos, quien resultó determinante para aterrizar recursos y consolidar la creación del campus. Fue una etapa de expansión, construcción y flujo de presupuesto. Y en ese terreno, Julián encontró su mejor momento.
Durante años estuvo al frente de lo que se conocía como Coordinación Académica Región Altiplano (COARA). En ese periodo se consolidó una estructura administrativa que, según diversas voces internas, operaba con lealtades personales antes que con criterios estrictamente institucionales. La frase popular “entre más obra, más sobra” comenzó a escucharse como una ironía incómoda en pasillos y cafés. Las acusaciones sobre favoritismos en contrataciones, inclusión de familiares y allegados en la nómina y manejo discrecional de posiciones administrativas fueron creciendo con el tiempo.
Pero lo que terminó por fracturar su permanencia no fueron solo los rumores de control interno, sino las denuncias formales. El 21 de enero de 2020, una funcionaria que se desempeñaba como contralora presentó una queja por acoso laboral y sexual en su contra. Los testimonios que trascendieron describieron conductas inapropiadas y comentarios ofensivos que no correspondían a un entorno institucional. El caso sacudió la imagen del campus en Matehuala y colocó en el centro del debate el ambiente laboral que se había tolerado durante años.
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En paralelo, el cambio en la rectoría con la llegada de Alejandro Zermeño Guerra marcó un nuevo momento político dentro de la universidad. Julián terminó por retirarse y acogerse a la jubilación. Formalmente salía de la estructura directiva, pero en la práctica no desaparecía su influencia. Los años al frente de la institución le habían permitido construir una red de relaciones, compromisos y complicidades que no se desvanecen con un trámite administrativo.
En Matehuala se habla de una figura que, aun sin cargo oficial, continúa influyendo en decisiones, respaldando a ciertos perfiles y tratando de incidir en nombramientos, especialmente en la preparatoria local y en áreas administrativas vinculadas al campus. Para algunos, se trata de una inercia natural de quien estuvo mucho tiempo en el poder; para otros, es la evidencia de que nunca se rompió realmente con las prácticas del pasado.
En medio de ese escenario aparece el actual director de UAMRA, Isaac Compeán, quien ha intentado reordenar procesos y establecer límites más claros en la operación administrativa. Esa intención habría generado fricciones con antiguos grupos que se sienten desplazados o amenazados. Las tensiones no solo son personales, sino estructurales, implican el control de áreas estratégicas, la definición de proyectos y la conducción académica del campus.
Ante la pérdida de influencia directa, Julián habría impulsado campañas de desgaste y rumores en contra de la actual administración. No es un fenómeno nuevo en espacios donde el poder se disputa fuera de los canales formales. Lo que preocupa no es la rivalidad en sí misma, sino el impacto que tiene sobre estudiantes, docentes y trabajadores que requieren estabilidad institucional.
La historia de Julián Espinosa es, en buena medida, la historia de cómo se construyen y se enquistan los liderazgos regionales cuando no existen contrapesos efectivos.
Hoy, el debate no gira únicamente en torno a una persona. Se trata de definir si la institución está dispuesta a cerrar definitivamente un capítulo marcado por escándalos y señalamientos, o si permitirá que viejas prácticas sigan operando tras bambalinas. En el Altiplano no solo está en juego el prestigio de un campus, sino la confianza de una comunidad que espera que la universidad pública sea ejemplo de legalidad, ética y transparencia, no escenario permanente de disputas personales.
