A iniciativa del diputado Antonio Lorca Valle, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 153 en su fracción I; y adiciona párrafo al mismo artículo 153 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para incorporar en el delito de ataque peligroso, a quien sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego.
Se indica que, se entiende “sin causa justificada”, todas aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona.
En su intervención, Lorca Valle dijo que luego de análisis de derecho comparado y un diálogo con el Poder Judicial se concluyó que la paz y seguridad de las personas es un objetivo que el Estado ha reconocido que debe ser protegido, y el solo hecho de perturbar esa paz y seguridad a través de un disparo de arma de fuego, debe ser reconocido como ilícito.
«Resulta una necesidad por lo tanto, legislar para prevenir estos hechos y proteger la vida de personas inocentes» indicó el legislador.
Se indica en la exposición de motivos, que disparar al aire es una conducta común en México, sobre todo durante celebraciones y en contextos festivos; sin embargo, se trata de una conducta que puede ocasionar lesiones de gravedad e incluso la muerte.
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC por sus siglas en inglés), como resultado de monitoreo, coloca a México en segundo lugar de víctimas de bala perdida, después de Brasil, y por encima de Colombia.
La UNLIREC recomienda que los Estados que no cuenten con leyes que penalizan los disparos al aire, consideren, adoptar medidas legislativas en estos temas. Igualmente es recomendable que dicha legislación vaya acompañada de campañas públicas de sensibilización y educación y se centre en las épocas de festejo y celebración, así como en eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.
Finalmente, el legislador señaló que esta reforma ayudará a proteger a la población y aportar a las autoridades una herramienta para la seguridad pública, la protección de la vida, la integridad e incluso el patrimonio de las y los potosinos.
