Este 15 de septiembre marcará un punto de inflexión en la historia judicial de San Luis Potosí. Ese día, 69 jueces y juezas de primera instancia, 15 magistraturas del Tribunal de Apelación y tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial asumirán funciones luego de haberse impuesto en las urnas el pasado 1 de junio. Nunca antes el Poder Judicial mexicano había transitado por un ejercicio electoral de estas dimensiones, y la experiencia potosina quedó en el centro de la atención nacional por la manera en que se desarrolló el proceso, los conflictos que suscitó y el impacto que tendrá en la impartición de justicia.
La reforma judicial que abrió la puerta a la elección directa de jueces y magistrados fue presentada como un mecanismo de democratización sin precedentes. En vez de designaciones desde la élite política, la ciudadanía fue llamada a elegir, por primera vez, a quienes habrían de integrar las estructuras más sensibles de los tribunales estatales y federales. San Luis Potosí se convirtió en uno de los estados donde la expectativa se volvió mayor, pues la campaña estuvo marcada por la desinformación, la falta de claridad en los perfiles y las tensiones con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvo que intervenir en múltiples ocasiones para corregir exclusiones indebidas o para ordenar la restitución de candidaturas. El caso de Zelandia Bórquez Estrada, por ejemplo, fue uno de los más sonados; inicialmente bloqueada por el tribunal local pese a haber cumplido con los requisitos, logró llegar a la boleta gracias a un fallo de la Sala Superior del TEPJF. Al final, no sólo participó, sino que resultó electa como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que se convirtió en símbolo de la confrontación entre las instancias jurisdiccionales estatales y federales.
En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los nuevos magistrados y magistradas que resultaron electos son Lourdes Anahí Martínez Zarazúa, quien asumirá la Presidencia, Juana María Alfaro Reyna, María Sara de la Luz Bernal Ramírez, María del Rocío Hernández Cruz, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Lizet Paola Morales Monter, Silvia Torres Sánchez, Mónica Kemp Zamudio, María América Onofre Díaz, Jairo Hernández Garibay, Armando Rafael Oviedo Ábrego, Arturo Morales Silva, Rogelio Javier Salazar Zavala, Juan David Ramos Ruiz y Ángel Gonzalo Santiago Hernández. Mientras que en el Tribunal de Disciplina Judicial la responsabilidad recaerá en Zelandia Bórquez Estrada, Luz Adriana Miranda Tello y Austreberto Regil González. Todos ellos se suman a los 69 jueces y juezas de primera instancia que completan la nueva estructura judicial electa en las urnas.
La elección judicial extraordinaria dejó más preguntas que certezas. Si bien, fue un ejercicio democrático inédito, se vivieron semanas de incertidumbre con candidaturas bajadas y restituidas, impugnaciones de último minuto y una ciudadanía que, en gran medida, acudió a votar sin conocer a fondo a los aspirantes. El resultado fue un padrón de autoridades electas que ahora cargan con el doble desafío; legitimarse no sólo por el voto recibido, sino también por el ejercicio profesional que desplieguen en la administración de justicia. A nivel nacional, los críticos advirtieron que se trata de un experimento riesgoso ya que someter al escrutinio popular a quienes deben actuar con imparcialidad podría contaminar la función judicial con la lógica electoral. Sus defensores, en cambio, celebran que los jueces ya no lleguen solo por designación política y que, al menos en el papel, respondan a una base de legitimidad social más amplia.
Lo que viene para la justicia potosina es un periodo de enorme prueba. Los nuevos jueces y magistrados, además de demostrar su capacidad técnica, también deben garantizar la independencia que la sociedad exige frente a los poderes políticos y económicos. La legitimidad que otorga el voto es valiosa, pero insuficiente si no se acompaña de fallos consistentes, imparciales y apegados a derecho. Si este modelo logra consolidarse, San Luis Potosí podría convertirse en referente de un esquema que hoy genera dudas y resistencias. Si fracasa, la entidad podría enfrentar un escenario de mayor desconfianza ciudadana hacia sus instituciones judiciales. En cualquier caso, la justicia local entra en un capítulo inédito, cargado de expectativas y de escrutinio, que pondrá a prueba no solo a los recién electos, sino al propio diseño de la reforma que hizo posible su llegada.
