Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su administración ha enviado una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el fin de modificar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros en el país.
Durante su conferencia de prensa de este lunes 7 de octubre, Sheinbaum detalló que el objetivo de esta iniciativa es garantizar un proceso electoral en el Poder Judicial que se realice con legalidad, certeza, parcialidad, objetividad y transparencia. La propuesta busca clarificar cómo se llevará a cabo la elección de estos importantes representantes del sistema judicial.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, fue la encargada de presentar los detalles de la minuta ante los medios de comunicación. Explicó que, además de fortalecer los principios democráticos en el Poder Judicial, el proceso debe garantizar la tutela efectiva durante los comicios.
Las reformas a estas leyes permitirán la elección de diversas figuras judiciales el 1 de junio de 2025, entre las que destacan:
- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se encuentren vacantes
- Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
- Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación
- Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación
- Personas magistradas y jueces de los poderes judiciales estatales
Godoy destacó que el Senado de la República será el encargado de emitir una convocatoria general dirigida a los tres Poderes de la Unión, con el fin de integrar un listado de candidaturas de jueces, magistrados y ministros que serán elegidos en la jornada electoral de 2025.
Con esta iniciativa, el gobierno busca profundizar en la democratización del Poder Judicial, ofreciendo mayor transparencia y participación en la designación de sus integrantes, asegurando que los procesos sean imparciales y cuenten con la confianza de la ciudadanía.
