La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, para no permitir que quienes aspiren a ocupar un cargo de representación popular sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimentarios
El cambio en la Constitución ordena interrumpir los derechos para ocupar cargos públicos por violencia contra las mujeres como garantía para erradicar las agresiones de género y para establecer como requisitos legales que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos.
En el marco Ley 3 de 3 que establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y las empresas, la reforma ordena suspender los derechos ciudadanos a las personas con sentencia firme por la comisión dolosa de delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o bien, por tener sentencia o resolución firme como persona deudora alimentaria en situación de mora, quienes no podrán aspirar a ser candidatos a cualquier cargo de elección popular o ser nombrados para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
