Se cumplen 22 años de los estudios pioneros sobre género y corrupción cuyos hallazgos sostenían que, cuanto mayor es el número de mujeres en el poder, menor será la corrupción en un país. Desde entonces se ha generado un debate que reafirma por un lado (con base en estudios de campo y encuestas), la menor propensión de las mujeres a la corrupción y por otro, se hace una crítica a la versión estereotipada del género donde se identifica que por el simple hecho de ser mujeres tienden menos a cometer esos actos.
Recientemente apareció Mujeres ante la corrupción, reflexiones para mitigar sus efectos, un notable informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México que considera que, al estar en condición de mayor pobreza la corrupción afecta a las mujeres por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, lo que inhibe su desarrollo integral y limita el ejercicio de derechos humanos.
Las ideas culturalmente arraigadas de que las mujeres son menos corruptibles tienen consecuencias, ya que son socialmente más condenadas y estigmatizadas que los hombres por las mismas faltas. Ejemplos recientes en el país lo confirman.
El estudio del PNUD subraya que la existencia de acciones públicas menos sobornables responde a una menor participación de las mujeres en el espacio público y político, a la falta de acceso a redes de poder y al menor control sobre recursos. Por lo tanto, la integridad de una persona ante posibles hechos de corrupción puede analizarse más en función de otros factores que del género, y concluye que “la hipótesis referente a que las mujeres son menos corruptas que los hombres no es cierta, dado que se basa en estereotipos de género y no en hechos”.
A esos obstáculos agregaría la exclusión, pues impide que alcancen el poder y tengan acceso a la justicia para denunciar la violación a sus derechos humanos, en los que se incluye la que en mi opinión es la peor de todas las formas: la extorsión sexual. Las mujeres son las principales encargadas de garantizar los servicios y los roles de los cuidados, por lo cual son víctimas de funcionarios corruptos de diversos niveles que condicionan el acceso a servicios de educación, salud y otros derechos mediante actos sexuales como moneda de cambio de la corrupción.
Cuando buscan empleo, inician su propio negocio o inscriben a sus hijas e hijos en guarderías, se topan cotidianamente a situaciones vinculadas con corrupción que profundiza la discriminación contra ellas e impide el avance hacia la igualdad de género. Por ello, el compromiso de la lucha contra la corrupción es una labor compartida entre mujeres y hombres para romper círculos perniciosos.
