El gobierno de Lituania presentó el lunes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y varios miembros de su gobierno, incluyendo funcionarios de seguridad y oficiales militares, acusándolos de cometer crímenes contra la humanidad. La denuncia se centra en la represión contra la oposición en Bielorrusia, lo que ha forzado a cientos de miles de ciudadanos a huir del país desde 2020.
Las protestas en Bielorrusia estallaron tras los controvertidos resultados electorales de 2020, que otorgaron a Lukashenko un sexto mandato presidencial. Desde entonces, la oposición ha sido duramente reprimida: líderes opositores han sido encarcelados o forzados al exilio, y miles de personas han abandonado el país.
Lituania sostiene que hay “indicios razonables” de que el gobierno de Lukashenko, junto con la policía y las fuerzas armadas, ha cometido actos de “deportaciones, persecuciones y otros actos inhumanos” contra civiles bielorrusos durante los últimos cuatro años. La denuncia subraya que el régimen ha desplazado forzosamente a cientos de miles de ciudadanos hacia países vecinos, incluidos los firmantes del Estatuto de Roma, base legal de la CPI.
El gobierno lituano señaló que el objetivo de esta represión ha sido consolidar el poder del régimen autoritario de Lukashenko mediante la eliminación de cualquier voz crítica. «Todos los perpetradores directos, sus comandantes y superiores estaban plenamente al tanto del ataque», declaró Lituania, calificando la situación como un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Esta denuncia ante la CPI marca un nuevo intento por parte de la comunidad internacional de presionar al gobierno de Bielorrusia y buscar justicia para las víctimas de la represión.
