Una profunda crisis ha envuelto al asilo de ancianos “Padre José Navarro Sahagún” de Matehuala, dejando a los abuelitos en una situación de vulnerabilidad alarmante. La falta de personal ha llevado a que la coordinadora del asilo, Ana María Salinas Ledesma, se encuentre prácticamente sola, apoyada únicamente por dos enfermeras para atender las necesidades de todos los abuelitos. A esta situación se suma la carencia de personal de limpieza, con tan solo una persona a cargo del mantenimiento de todas las áreas.
La gravedad de la situación escaló cuando personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se presentó en el lugar tras recibir reportes de presunto maltrato hacia los residentes. Durante la visita de los representantes de la CEDH, se constató un acto de agresión verbal y psicológica hacia uno de los usuarios. La agresora, sin percatarse de la presencia de la autoridad, profirió amenazas de expulsión al adulto mayor.
La tensión aumentó cuando, tras las agresiones, el abuelito informó a la agresora sobre la presencia del personal de Derechos Humanos y le solicitó que repitiera las palabras intimidatorias que había expresado momentos antes. Sorpresivamente la enfermera justificó de forma incoherente el hecho, lo que sirvió para que la trabajadora de la CEDH pudiera documentar el abuso.
Otro elemento preocupante que ha salido a la luz es la presunta desactivación de las cámaras de videovigilancia instaladas en el asilo. Esta acción levanta serias sospechas sobre un posible intento de ocultar los malos tratos que estarían sufriendo los residentes, impidiendo que queden registros de cualquier incidente.
La situación es continuidad de los antecedentes de la administración pasada. Durante ese periodo, los abuelitos fueron presuntamente víctimas del robo de sus pensiones por parte de la entonces encargada, Georgina Moreno. Se señala que Moreno gastaba el dinero en Monterrey y, además, utilizaba las instalaciones del asilo como cantina para emborracharse, desatendiendo por completo sus responsabilidades.
La CEDH ya inició una investigación para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores que residen en el asilo.
