Matehuala, SLP. – Derivado de una solicitud de transparencia, se destapó una cloaca de corrupción, así como una serie de hechos con apariencia de delitos en donde los protagonistas son el Ayuntamiento de Matehuala, que encabeza Iván Estrada Guzmán, y la persona física con actividad empresarial Jorge Octavio Martínez García. De acuerdo con la documentación oficial, el Ayuntamiento le ha pagado, en lo que va del año, 4.9 millones, pero el trato es nueve millones 359 mil 794 pesos con 57 centavos.
Jorge Octavio Martínez García habría obtenido un millonario contrato por la prestación de un servicio que, en los documentos oficiales se describe como “Anulación de impuesto a cargo, parte actualizada y recargos, a través desarrollo de compensación IVA contra ISR por sueldos y salarios, enero 2017 conforme 24CFF” y es tan influyente que, en un solo día, le hacían hasta tres pagos.
Tan sólo en febrero, el Ayuntamiento de Matehuala le pagó cuatro facturas; una por 853 mil pesos el día 4 y tres más el día 14; la primera de ellas por 100 mil pesos y las otras dos por 150 mil cada una. Martínez García, en menos de 10 días, se llevó un millón 253 mil pesos. Un mes después, el 14 de marzo, el Ayuntamiento emitió un pago por 900 mil pesos a este proveedor y un millón más el día 21 de abril.
Para el 14 de mayo, la administración que preside Iván Estrada desembolsó un millón 600 mil pesos en seis emisiones a favor de Jorge Octavio y, en junio, su contabilidad reporta únicamente un pago de 150 mil pesos para dar un total, en cinco meses, de 4.9 millones de pesos erogados a favor de este proveedor.
El Comité de Transparencia no encontró procedimiento de contratación o licitación para este mago de los negocios que deja con la boca abierta al SAT, al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado con la quita de impuestos que, supuestamente, hace al Ayuntamiento matehualense, tampoco se encontró que el proveedor tenga capacidad técnica, financiera o material para los presuntos servicios contratados, lo que, fiscalmente, significa simulación de operaciones, pues, sólo el Poder Legislativo puede modificar la Ley de Egresos y, en el caso del SAT, jamás anula impuestos, hace descuentos y negocia pagos en parcialidades, pero no perdona.
Código San Luis consultó con un abogado fiscalista, quien corroboró que, legalmente, no existe la anulación de impuestos, existe la condonación, pero no hay un servicio o producto que se contrate con tal descripción, además, expresa que, en caso de existir un concepto, sería ilegal, toda vez que un particular no es autoridad para anular impuestos, por lo que estima que el Ayuntamiento de Matehuala y el proveedor estarían en la presunta comisión de diversos delitos como peculado, malversación de recursos públicos, corrupción, defraudación fiscal, uso abusivo de la función pública, evasión de impuestos y asociación delictuosa, entre otros. De ser así, considera que deberían intervenir con urgencia el SAT, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, el Congreso del Estado y las Auditorías Superiores del Estado y de la Federación.
¿Quién es el proveedor?
Jorge Octavio Martínez García es un exfuncionario municipal, hechura de Franco Adalberto Luján Martínez, el padrino tenebroso de la clase política del Altiplano. Jorge y Franco son amigos cercanos del tesorero municipal, Diego Alejandro Mendoza. Los tres crecieron al amparo de José Everardo Nava Gómez cuando fue presidente municipal.
A Jorge y a Diego Alejandro los usa Franco Luján para golpear a los adversarios políticos de sus protegidos. Franco, oficialmente, es asesor del presidente municipal de Cedral, Howard Aguilar Vergara, y todos juntos compraron algunas páginas de Facebook para hacer campañas negras en contra del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Juan Ignacio Segura Morquecho, y el diputado federal Jano Segovia.
Mientras este grupo se atasca y se atraca con el dinero del pueblo, Matehuala vive una de sus peores crisis por falta de obra pública, servicios deficientes y nulos apoyos sociales.
De intervenir las autoridades implicadas, el presidente municipal, el tesorero, el oficial mayor y el Cabildo en pleno, así como el particular, estarían enfrentando la justicia por la comisión de los graves delitos arriba descritos.
