A pesar de las constantes campañas que promueven la denuncia de delitos, la realidad es que muchos habitantes del Altiplano Potosino optan por no hacerlo. La razón no es la falta de voluntad, sino una barrera institucional y burocrática que frena y, en última instancia, normaliza la criminalidad. El sistema, en lugar de ser un aliado de las víctimas, se convierte en un obstáculo irrompible.
Para una víctima de robo, asalto o robo a casa habitación, el primer paso en la búsqueda de justicia en el Altiplano Potosino suele ser un calvario. La experiencia de acudir a una agencia del ministerio público, en lugar de ofrecer apoyo, a menudo implica largas esperas, trámites complejos y una actitud que aleja a las autoridades. Las víctimas se enfrentan a la revictimización, donde sus testimonios son minimizados o, simplemente, la burocracia impide la apertura de una carpeta de investigación.
Víctimas comentan que el sentir al estar exponiendo sus declaraciones es de que su problema no es relevante y se quedan con la idea de que acudir a denunciar fue una pérdida de tiempo Este tipo de percepciones no son aisladas, y se repiten en testimonios a lo largo de todo el Altiplano. Esta barrera invisible lleva a muchas personas a no denunciar, lo que genera una cifra negra que distorsiona la realidad de la inseguridad y permite que los delitos se cometan con impunidad.
Aunque algunas denuncias logran avanzar, a menudo es gracias a la presión de la sociedad civil y las organizaciones. En casos de violencia contra las mujeres o desapariciones, grupos de activistas y familiares se convierten en la fuerza impulsora para que las autoridades actúen. Sin este apoyo externo, muchos casos quedarían en el olvido, demostrando que el sistema solo responde cuando se le obliga a hacerlo. Esto crea una justicia de dos caminos, donde la acción depende no de la gravedad del delito, sino de la capacidad de presión de las víctimas o de las asociaciones que las respaldan.
Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la solución no radica en seguir promoviendo la cultura de la denuncia de forma genérica. El problema no es que la gente no quiera denunciar, sino que el sistema no funciona. La verdadera transformación requiere una reforma profunda de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. El fortalecimiento de las capacidades de investigación, la agilización de los trámites y la capacitación de los servidores públicos para que actúen con empatía son pasos cruciales para restaurar la confianza y, con ello, sentar las bases para una cultura de la denuncia efectiva. Solo cuando las instituciones sean percibidas como un refugio y no como una barrera, la sociedad del Altiplano se atreverá a dar el paso para buscar justicia. Cierto es que atender delitos menores sería una ola gigante contra la prevención de mayores daños a la sociedad.
