Villa de la Paz se encuentra sumida en una profunda crisis tras el embargo de los bienes del Ayuntamiento entre los que destacan dos vehículos oficiales y una camioneta blindada que era utilizada por el expresidente Armando Torres, alias «El Jícama», y que se presume es propiedad del Ejército. La acción legal, promovida por el extesorero, ha dejado a la administración municipal sin medios de transporte y con la amenaza latente de una parálisis de servicios públicos esenciales.
El embargo, derivado de un adeudo por un millón 900 mil pesos, solo permitió recuperar 400 mil pesos en bienes, dejando un faltante de un millón y medio de pesos. Esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de la administración.
El incidente ha desatado una ola de especulaciones y señalamientos dentro del Ayuntamiento. La tesorera, Nancy Rocío Quiroz, quien también funge como mandamás del actual presidente Juan Francisco Gómez, ha sido puesta en el ojo del huracán, ya que no ha emitido declaraciones sobre cómo la administración planea operar sin los bienes embargados.
Los habitantes de Villa de la Paz temen que la crisis financiera y la falta de movilidad afecten gravemente la prestación de servicios públicos esenciales como la recolección de basura, el mantenimiento de calles y parques, y la atención de emergencias lo que agravaría aún más la situación y sumiría a la comunidad en una profunda crisis social y económica.
Además, existe la preocupación de que para hacer frente a la difícil situación financiera, el presidente municipal, Juan Gómez, implemente campañas recaudatorias que afecten la economía de los habitantes de Villa de la Paz pues está claro que los gastos derivados del embargo y la falta de recursos no estaban contemplados en la Ley de Egresos, lo que podría llevar a medidas desesperadas para obtener ingresos, como el aumento o el invento de impuestos.
