Habitantes de Charcas han denunciado públicamente que la alcaldesa, Marisol Nájera Alba, y su equipo de gobierno han iniciado el retiro de apoyos estatales destinados a la comunidad. Esta medida, según señalan los afectados, se estaría llevando a cabo como una forma de presión para silenciar las protestas en contra de la grave contaminación, con basura, de mantos acuíferos.
A esta situación se suma la constante presencia de elementos de la policía en diversas zonas de Charcas, lo que ha generado un clima de tensión y ha sido percibido por muchos como un intento de intimidación para frenar las manifestaciones ciudadanas. Los habitantes aseguran que esta intensificación de la vigilancia policial tiene como objetivo disuadirlos de continuar exigiendo una solución a la problemática ambiental que los aqueja.
Los charquenses han manifestado su rechazo a estas acciones, asegurando que su lucha es a favor de su salud y del bienestar del medio ambiente y que no se detendrán hasta que se garanticen sus derechos y se atienda la emergencia ambiental que enfrentan. Hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que intervengan y pongan fin a esta situación, así como para que se tomen medidas concretas para remediar la contaminación del manto acuífero y garantizar el acceso al agua limpia para todos los habitantes de la región.
